Las leyes son creadas con la finalidad de establecer normas que permitan a una sociedad convivir sanamente, para salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos, para garantizar, en un sistema democrático como el nuestro, la transmisión del poder a través de elecciones libres y pacificas, para impartir justicia, entre varios aspectos más.
En este sentido, existen diversos factores que empujan a las leyes a tener que actualizarse para estar acorde con las demandas ciudadanas, a las exigencias, por ejemplo, de la ampliación de derechos de segmentos de la población que lleva a reconocer una sociedad igualitaria, sin discriminación y libre de violencia de cualquier tipo, o bien, por circunstancias de cambios políticos o económicos, etcétera.
En últimas fechas, la tecnología que ha evolucionado a pasos agigantados y que incluso diversas personas analistas la han denominado ya como ”la era digital”, obliga a la legislación a tener que actualizarse para regular nuevas formas de procesar información, de potenciar derechos humanos, de regular el uso de la tecnología y otros factores necesarios para adaptar nuestra realidad. Uno de los rubros necesarios de actualizar es la legislación electoral. Me explico.
A medida que las tecnologías avanzan, existen nuevas estrategias que diversas personas y actores utilizan, por ejemplo, en el desarrollo de las campañas electorales para acercarse a la población, unas innovadoras y otras que obligan a imponer sanciones por el uso indebido de imágenes alteradas; filtración en redes sociales y plataformas digitales de imágenes íntimas generadas o manipuladas con el uso de la inteligencia artificial; el uso de voces clonadas; la propagación de deepfakes de audio y video; suplantación de candidaturas en las que aparecen en discursos políticos diciendo cosas que nunca dijeron; alteración de posiciones oficiales que confunden al electorado, entre muchas más y que, por desgracia, la normativa electoral se encuentra obsoleta, lo que se traduce en el debilitamiento de los alcances de las resoluciones de las autoridades electorales para inhibir este tipo de prácticas.
Sin embargo y a pesar de que diversas personas especialistas, académicas, algunas magistraturas del Tribunal Electoral y algunas consejerías electorales hemos planteado la necesidad de dotar al INE de herramientas que fiscalicen todo este tipo de actos, el Legislador no ha sido sensible y, por lo mismo, resulta muy complejo garantizar a nuestra sociedad y a las personas electoras un ecosistema electoral sano.
En este nuevo contexto, también las autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) han avanzado en el uso de la tecnología para potenciar los derechos políticos y electorales de las personas. Veamos algunos casos.
La credencial para votar utiliza hoy la fotografía digital de las personas, así como sus huellas dactilares y otro tipo de información biométrica que la hacen infalsificable y que, además de permitir a cada persona identificarse para que puedan ejercer su derecho al voto, tiene otro tipo de uso como lo es para la identificación de personas no localizadas o desaparecidas.
En un futuro sería ideal votar a través de la credencial de elector digital, proyecto que se encuentra en marcha desde hace varios años, así como que la ciudadanía tenga la opción de poder votar al menos por tres modalidades: voto presencial, voto postal o bien, voto por internet tal cual lo pueden hacer las mexicanas y mexicanos que residen en el exterior actualmente.
Incluso algunas de estas modalidades pueden ser utilizadas estratégicamente, por ejemplo, para inhibir la presencia del crimen organizado como el voto por internet en determinadas zonas.
¿Qué necesitamos para lograrlo? Voluntad política. Mientras el Legislador no vea con claridad que la realidad electoral y la normatividad ya no van de la mano, nuestro ecosistema electoral puede fracturarse por reclamos o diversas situaciones para las que no se cuente con las herramientas necesarias para enfrentar con suficiencia y oportunidad.
Tal cual lo he planteado en múltiples ocasiones, es necesario repensar y actualizar la legislación electoral a las nuevas realidades de nuestro ecosistema electoral, nuestra sociedad y nuestra democracia serán las más beneficiadas al contar con condiciones estables de equidad, transparencia e igualdad en las elecciones y, en particular, en las contiendas electorales.
Consejera Electoral del INE
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