Larga data tiene la lucha de las mujeres para lograr una igualdad de derechos frente a los hombres sin que acabe de materializarse; una de las áreas más visible está en la representación política.
Por ello y a pesar de múltiples resistencias el Instituto Nacional Electoral (INE), que naciera en la misma fecha (2014) en que el Legislativo elevara a rango constitucional el principio de paridad de género, ha conseguido aprobar diversas medidas para generar condiciones de equidad, igualdad, transparencia, certeza y paridad para que las mujeres tengan presencia y visibilidad en la esfera pública.
Junto con el principio de paridad, en la normatividad electoral se establecieron disposiciones que fortalecieron la igualdad de género: la obligación de los partidos para garantizar la paridad en las candidaturas; el destino de un porcentaje marcado en la ley para el empoderamiento de las mujeres; generar proyectos y programas con perspectiva de género, entre muchos más.
Nuevas reformas a la Constitución y a diversas leyes fortalecieron la presencia de las mujeres en el espacio público. Entre las más relevantes destaca la de 2019 en la que se amplía la paridad en todos los niveles de gobierno e incluso, en los órganos autónomos como el INE, disposición que llevó a esta autoridad electoral a concretar, por primera vez en nuestra historia, la paridad en las candidaturas a las gubernaturas, por la que hoy tenemos a 13 mujeres al mando de sus entidades federativas.
Ante la mayor presencia de las mujeres en el ámbito político, surge un fenómeno que atenta contra el principio de paridad y, en general, con nuestra democracia: la violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que en 2020 se aprobaron reformas a diversas leyes para tipificar, prevenir, sancionar y erradicar este mal.
Con base en estas normas, así como en sentencias del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, el INE ha establecido diversos criterios para que los partidos cumplan con la paridad de género en contextos libres de violencia, ha instrumentado la paridad en las convocatorias para la conformación del Servicio Profesional Electoral Nacional, en la designación de personas consejeras presidentas y en las consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas, entre otras.
Por ello, el INE debe ser la instancia que, desde su interior, promueva, defienda y fortalezca la paridad dentro de su propia estructura; sin embargo, lo sucedido hace un par de semanas con los nombramientos iniciales realizados por la consejera presidenta del INE, de nueve hombres por tan solo una mujer para los cargos directivos que conforman la Junta General Ejecutiva, claramente violentaban el principio constitucional de paridad. Esto derivó en que algunas consejeras del INE controvirtiéramos judicialmente estas designaciones.
Ahora bien, recientemente se hicieron nuevos nombramientos de la Junta General (a solo unas semanas de los primeros) que no pueden verse de otra manera más que una recomposición frente a las críticas de analistas, colectivas, actores políticos, medios de comunicación y en donde, además, se utilizan términos inexistentes en la ley tales como: Junta General “Ampliada”.
A escasos cuatro meses del inicio del proceso electoral 2026-2027 el INE debe ser el ejemplo y eje rector de la paridad. No podemos exigir afuera lo que no cumplimos dentro.
Que se oiga claro, la paridad llegó para quedarse, es un principio inquebrantable propio de nuestra democracia.
Consejera electoral del INE