La inteligencia artificial llegó a la administración pública con una promesa atractiva: traducir datos, mejorar servicios, optimizar tiempos, abatir costos y acercar información.
Abrió también una puerta peligrosa para las democracias modernas. Hoy puede fabricar voces, videos, mensajes segmentados o hiper segmentados y campañas de manipulación a una velocidad y escala nunca vistas y a muy bajo costo. El riesgo no es solo que la ciudadanía sea engañada; el daño mayor es que deje de confiar en cualquier cosa.
En elecciones libres, auténticas y transparentes, como las que hace el Instituto Nacional Electoral (INE) desde 1991 -entonces IFE-, la confianza vale tanto como el voto. Si una persona duda de si una llamada oficial es auténtica, si un video de una candidatura es real o si una tendencia en redes fue inflada o inducida por bots, el método democrático para la legal y pacífica circulación de las élites podría empezar a mostrar signos de erosión.
El primer ejemplo ocurrió en las elecciones parlamentarias de Eslovaquia de 2023, en las que surgió un caso de posible manipulación informativa mediante inteligencia artificial. Días antes de la votación, comenzaron a circular en redes sociales grabaciones de audio generadas con tecnología deepfake, que simulaban conversaciones entre una periodista y un candidato liberal, en las que supuestamente discutían de fraude electoral y otras irregularidades, a pocos días de la jornada electoral. Estas grabaciones eran falsas.
El incidente evidenció la falta de marcos regulatorios eficaces y la vulnerabilidad de los sistemas electorales frente a tecnologías.
El segundo se dio en Estados Unidos en 2024. Antes de las primarias demócratas en New Hampshire, miles de votantes recibieron una llamada automatizada con una voz falsa que imitaba al entonces presidente Joe Biden. El mensaje sugería no acudir a votar. Después, autoridades federales concluyeron que se trató de una grabación generada con inteligencia artificial. La Comisión Federal de Comunicaciones impuso una multa millonaria a la persona responsable.
Ese caso mostró una amenaza concreta: la IA puede utilizarse para desalentar la participación electoral, confundir a las y los votantes y suplantar figuras públicas.
El tercero ocurrió en Rumania entre 2024 y 2025. La elección presidencial fue anulada por el máximo tribunal tras denuncias de interferencia extranjera, campañas opacas y manipulación digital vinculada a cuentas sospechosas en TikTok. La Unión Europea abrió investigaciones sobre el papel de la plataforma en la integridad electoral.
El mensaje es claro: la tecnología no solo influye en opiniones individuales; también puede alterar el entorno informativo en el que una sociedad decide.
El cuarto es el de la India durante las elecciones generales de 2024. Circularon videos y audios manipulados de líderes políticos, además de mensajes personalizados generados con IA en múltiples idiomas para influir en personas votantes. El caso mostró otro rostro del problema: la IA no solo puede engañar, también hipersegmenta, adapta discursos y explota divisiones sociales.
Frente a esto, la autoridad no puede seguir actuando con reglas del siglo pasado. Se requieren medidas firmes, legales, eficaces, oportunas, suficientes y técnicamente viables.
Primero, transparencia total en propaganda política digital. Todo anuncio electoral en redes debe informar quién lo pagó, cuánto costó, a quién fue dirigido, quién se benefició y cuántas personas lo vieron.
Segundo, etiquetado obligatorio de contenido sintético. Si un audio, imagen o video fue generado o alterado con IA, debe advertirse de forma visible.
Tercero, respuesta rápida durante campañas. Las autoridades electorales necesitan unidades técnicas, procedimientos y personal especializado capaces de verificar deepfakes en minutos o en horas, y no en días o semanas. Así lo hace el INE con su programa Certeza, que ahora es permanente, mediante el que en tiempo real denunciamos las mentiras y la desinformación y las combatimos con precisión informativa, actualizada y verificada oficialmente.
Cuarto, coordinación con plataformas tecnológicas. Redes sociales y servicios de mensajería deben contar con canales directos para atender alertas electorales, desactivar cuentas infractoras y perfiles calumniosos, retirar suplantaciones graves y frenar redes automatizadas.
Quinto, educación ciudadana. Ninguna ley, ninguna política pública sustituye al criterio público. La ciudadanía necesita herramientas simples: desconfiar de mensajes alarmistas, verificar fuentes, revisar fechas, no reenviar contenidos dudosos y consultar canales oficiales. La alfabetización digital se torna primordial.
Todo esto exige una ponderación indispensable: combatir abusos sin censurar la crítica legítima, sobre todo en el marco de las campañas electorales; y desmentir la manipulación sin lesionar la libertad de expresión.
Estoy cierta de que la IA no condena a la democracia, pero sin duda la pone a prueba. Conviene actuar sin pánico, pero sin ingenuidad. Serenidad para no confundir innovación con amenaza total; y firmeza para impedir que la manipulación digital capture el debate público.
Consejera Electoral del INE
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