Por Eduardo Tapia Zuckermann, miembro del Consejo Directivo de la BMA
Corren tiempos difíciles en la política mexicana. La moneda corriente es la confrontación acuñada, tristemente, desde el gobierno. Después de veinticinco años de haberse implantado la transición democrática en el país los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben reconocer que nuestra democracia es todavía un proceso que sigue su rumbo para consolidarse plenamente a la largo y ancho del territorio nacional.
Como escribió Giambattista Vico, en cuanto a lo cíclico de la historia, parece anidar este concepto en el pensamiento y en la actuación de diversos actores políticos. Estos buscan reimplantar un sistema de gobierno desterrado mediante el voto ciudadano por ineficiente, burocrático y corrupto. Curiosamente, la búsqueda actual hacia una estructura piramidal se asemeja a la organización del estdo de naturaleza cuando la voluntad de un cacique imperaba sobre la de todos sus súbditos.
No obstante que los conceptos de súbditos y ciudadanos son excluyentes es triste ser testigos, en pleno 2026, de una visión ambivalente de actores políticos quienes, en lugar de abonar sin miramientos a una concordia y unidad, buscan hacer cumplir sus voluntades a la usanza feudal. En ese contexto se avasallaba a feudos a cambio de cierta protección contra hordas de bárbaros y truhanes pero el régimen feudal entrañaba una servidumbre perpetua, rancia y sin salida. ¿Es esto lo que la sociedad mexicana debe perseguir en nuestros días?
Una muestra de esto en nuestra política actual es la revocación de mandato que teóricamente sirve para retirar el poder público a un jefe o jefa de gobierno que no ha cumplido con las expectativas de los votantes mediante un procedimiento sancionador establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato pero que, en la práctica, sirve para colocar una espada de Damocles sobre dicho jefe o jefa. Es por ello que se ha contemplado cambiar su temporalidad para que no incida en los vaivenes del medio ciclo sexenal cuando se renueva la mitad del congreso federal; sin embargo, la conveniencia política de que la revocación de mandato figure en la boleta al mismo tiempo de una elección federal resulta una tentación muy poderosa para hacer campaña de manera velada. Nuevamente aquí vemos una confrontación política que no aporta a la sana convivencia democrática.
La titular del poder ejecutivo federal, en lugar de ocuparse de lleno en los temas inherentes a su cargo, debe, por tanto, distraerse innecesariamente para que en el tercer año de gobierno; es decir, 2027 no se le envíe a la banca y que un sustituto acabe el periodo para el que fue constitucionalmente electa. ¿Qué necesidad haya para este ejercicio?
Ya tuvimos en el sexenio pasado, en abril de 2022, un ejercicio de revocación de mandato con muy poca participación, 18%, de los ciudadanos y sin resultados positivos. Insistir en la ruta vigente sin reparar en su concepto inicial y proponer su cambio es, a mi parecer, una necedad. De hecho, los artículos 7 y 9 de la Ley Federal de Revocación de Mandato señalan lo potestativo del proceso y no su obligatoriedad.
La incertidumbre que acarrea la revocación de mandato no debe soslayarse porque al no existir reelección en el cargo de presidente de la república y saber desde un principio que la responsabilidad dura seis años, independientemente de ensoñaciones de reelección, se torna incierto el destino del presidente de la república en el cuarto año de gobierno. Debemos repensar, por tanto, la figura de la revocación para que su uso no implique encono y discusiones electorales fuera de los tiempos establecidos para la renovación del poder ejecutivo de la unión.