Por Tirso Javier de la Torre Sánchez
La desaparición forzada en México ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema estructural que atraviesa todo el país. No se trata solo de la ausencia física de una persona: implica la privación ilegal de la libertad con participación o tolerancia de autoridades, seguida de la negación oficial sobre el destino de la víctima. Es un delito continuo que suspende derechos, paraliza familias y erosiona los cimientos del Estado de derecho.
Las cifras oficiales son contundentes. Al inicio de 2026, más de 132 mil personas permanecen desaparecidas, reflejo de la incapacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar. La proliferación de fosas clandestinas y restos sin identificar exhibe las graves deficiencias de las Fiscalías y la falta de coordinación entre autoridades. La desaparición se ha convertido en una experiencia cotidiana para miles de familias mexicanas.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido en 2014, sigue siendo el símbolo más visible de esta tragedia. Las investigaciones revelaron participación de policías locales, omisiones de diversas autoridades y obstáculos institucionales que impidieron esclarecer los hechos. Más de una década después, la ausencia de respuestas concluyentes mantiene abierto un expediente que refleja impunidad y fragmentación de la justicia.
Pero Ayotzinapa no es un hecho aislado. Informes de la ONU y organismos nacionales han documentado patrones comunes: detenciones sin registro, colusión entre autoridades y crimen organizado, pérdida de pruebas y niveles alarmantes de impunidad. Ante ello, las familias han asumido tareas que corresponden al Estado, realizando búsquedas en condiciones de riesgo extremo y enfrentando intimidaciones y abandono institucional.
El 2 de abril de 2026, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada dio un paso histórico: activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 de la Convención y remitió la situación de México a la Asamblea General. El organismo concluyó que existen elementos razonables para considerar que las desapariciones presentan un carácter generalizado o sistemático, lo que podría configurarlas como crímenes de lesa humanidad. No se trata de sancionar al Estado, sino de movilizar cooperación internacional, asistencia técnica y apoyo especializado para fortalecer capacidades en búsqueda, investigación e identificación forense.
La decisión es fruto de más de una década de observación, visitas oficiales y análisis de información del propio gobierno y de organizaciones civiles. El Comité aclaró que no ha identificado una política federal explícita para desaparecer personas, pero sí una acumulación de omisiones y tolerancia institucional que permiten la reproducción sistemática del crimen.
Las reacciones de rechazo en algunos sectores oficiales contrastan con el sentido jurídico del procedimiento. La cooperación internacional no vulnera la soberanía; al contrario, refuerza las obligaciones asumidas por México al firmar tratados. Asumir este acompañamiento como oportunidad es indispensable para reconstruir capacidades y credibilidad.
La asistencia técnica y financiera que puede derivarse de la discusión en la ONU abre una vía realista para enfrentar una crisis que ha superado las respuestas tradicionales. Para las familias, el pronunciamiento internacional no es una condena al país, sino un reconocimiento a su lucha y una posibilidad concreta de avanzar hacia la verdad y la justicia.
Miembro del Consejo Directivo de la BMA.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.