Entre licencias y renuncias, hoy por hoy, no se sabe dónde están los 10 sinaloenses acusados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico.
Poco se sabe de Rubén Rocha Moya desde el pasado viernes por la noche pidió licencia, solamente se conoce que él dijo que sigue en Sinaloa y que tiene personal de seguridad para cuidarlo.
El otro funcionario señalado, y que estaba en activo, era el vicefiscal General del Estado de Sinaloa, Damaso Castro Zaavedra, quien ayer solicitó licencia a su cargo y no se sabe si está o no en la entidad, o en el país.
También no se sabe nada del alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Y el senador Enrique Inzunza, quien había prometido que este miércoles acudiría al Senado a la sesión de la Comisión Permanente, tampoco asistió, él dice, solo por medio de un breve texto en su cuenta de X, que se encuentra en su tierra, Badiraguato.
Y de los otros seis acusados, ni sus luces.
Entonces, de acuerdo con el gobierno mexicano no hay pruebas para detenerlos, pero, la pregunta es ¿si se llegan a entregar las pruebas habrá manera de encontrarlos y detenerlos?
