Por Carlos Corral Serrano
Hace poco más de quince años, la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), junto con El Colegio de México y diversos especialistas nacionales e internacionales, impulsó una reflexión profunda sobre el futuro de las ciudades mexicanas. El diagnóstico de aquel seminario sigue siendo sorprendentemente vigente. Los participantes reconocían que la regularización era una herramienta indispensable para otorgar certeza jurídica a millones de familias, pero advertían que por sí sola no resolvería los problemas estructurales asociados a la pobreza, la segregación urbana, la falta de acceso al crédito, el déficit de vivienda y la desigualdad territorial. Más aún, señalaban la necesidad de construir políticas urbanas integrales, fortalecer la planeación y generar mecanismos preventivos capaces de evitar la reproducción constante de asentamientos irregulares.
La pregunta que vale la pena formular hoy es si realmente hemos logrado superar aquellos desafíos o si simplemente hemos perfeccionado los mecanismos para administrar sus consecuencias.
Es justo reconocer que durante las últimas décadas se han producido avances importantes. La transformación de CORETT en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) representa mucho más que un cambio de nombre. Significa el reconocimiento institucional de que el problema del suelo urbano no puede abordarse únicamente desde la perspectiva de la regularización jurídica. Hoy existen mejores sistemas de información geográfica, herramientas de análisis territorial mucho más sofisticadas, catastros digitales, marcos normativos actualizados y una visión más amplia que incorpora la gestión integral del suelo, las reservas territoriales, la vivienda y la planeación urbana como elementos inseparables.
Sin embargo, cuando observamos el territorio con objetividad, resulta evidente que los problemas de fondo siguen presentes. Las ciudades continúan expandiéndose sobre sus periferias, los asentamientos irregulares siguen apareciendo en prácticamente todas las zonas metropolitanas del país y millones de familias continúan encontrando en la ocupación informal del suelo la única alternativa viable para acceder a una vivienda. En realidad, la irregularidad no desaparece porque exista una institución encargada de regularizarla; desaparece cuando existen mecanismos eficaces para ofrecer suelo urbanizado, vivienda asequible y oportunidades de desarrollo antes de que la informalidad se convierta en la única opción.
La experiencia acumulada durante más de medio siglo demuestra que la regularización es necesaria, pero también que actúa cuando el problema ya ocurrió. Para cuando una colonia irregular recibe escrituras, en muchos casos han transcurrido años o incluso décadas desde su formación. Durante ese tiempo la ciudad ya asumió costos elevados en infraestructura, movilidad, equipamiento y servicios públicos. La dispersión urbana ya se produjo, los tiempos de traslado ya aumentaron y las desigualdades territoriales ya se consolidaron. La regularización otorga seguridad patrimonial, pero no corrige automáticamente la distancia a los empleos, la falta de espacio público, la ausencia de equipamientos o la desconexión con el resto de la ciudad.
Quizá por ello una de las reflexiones más relevantes surgidas desde la academia y los organismos especializados es que la política de suelo debe evolucionar desde una lógica correctiva hacia una lógica preventiva. Durante décadas hemos destinado enormes esfuerzos a regularizar asentamientos existentes, pero mucho menos a generar reservas territoriales suficientes, recuperar plusvalías urbanas, fortalecer la gestión pública del suelo o garantizar una oferta de vivienda accesible para los sectores de menores ingresos. Mientras estas condiciones no cambien, la irregularidad seguirá reproduciéndose independientemente de la capacidad institucional para regularizarla.
La paradoja es evidente. México ha logrado construir una de las experiencias más amplias de regularización de suelo en América Latina y, sin embargo, continúa enfrentando fenómenos muy similares a los que dieron origen a la creación de la propia CORETT en los años setenta. Esto no significa que las instituciones hayan fracasado. Por el contrario, significa que el problema es más profundo que la simple tenencia de la tierra. Tiene que ver con el funcionamiento de los mercados de suelo, con la insuficiente oferta de vivienda social bien localizada, con la falta de instrumentos efectivos de gestión territorial y con una planeación urbana que frecuentemente llega después de que la urbanización ya ocurrió.
En el fondo, la discusión trasciende el ámbito jurídico y se convierte en una reflexión sobre el modelo de ciudad que estamos construyendo. Una ciudad sostenible no es aquella que regulariza más rápido los asentamientos informales, sino aquella que genera condiciones para que las familias no tengan que recurrir a la informalidad para acceder a un lugar donde vivir. La diferencia parece sutil, pero implica un cambio radical de enfoque. Significa pasar de administrar consecuencias a intervenir causas; de corregir el territorio a planearlo; de reconocer derechos patrimoniales una vez consolidada la ocupación, a garantizar oportunidades urbanas desde el origen.
“La verdadera medida del éxito urbano no es cuántas escrituras entregamos, sino cuántos asentamientos irregulares evitamos que surjan.”
Conclusión
La evolución de CORETT hacia INSUS refleja una comprensión más avanzada de los desafíos urbanos contemporáneos y constituye un paso importante en la dirección correcta. No obstante, la persistencia de la expansión irregular demuestra que la regularización, por sí sola, nunca podrá sustituir a la planeación. Después de más de cincuenta años de experiencia acumulada, la gran lección sigue siendo la misma: las ciudades no se vuelven más ordenadas cuando regularizan mejor, sino cuando logran ofrecer suelo, vivienda y oportunidades antes de que la irregularidad ocupe el espacio que la planeación dejó vacío. Sólo entonces podremos afirmar que hemos dejado de administrar el problema para comenzar realmente a resolverlo.
Es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas
contacto@amu.org.mx
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