Los grandes retos de las ciudades costeras de México

Por Juan L. Kaye López

Las copiosas lluvias registradas este año vuelven a poner en evidencia una realidad que México no puede seguir atendiendo únicamente cuando ocurre la emergencia: nuestras ciudades costeras son cada vez más vulnerables. A lo largo de más de 11 mil kilómetros de litoral continental se concentran ciudades turísticas, portuarias, pesqueras e industriales cuyo crecimiento acelerado convive con fenómenos climáticos cada vez más severos, presión sobre los acuíferos, pérdida de ecosistemas, expansión inmobiliaria y una capacidad institucional que con frecuencia resulta insuficiente frente a la magnitud de los riesgos.

El problema no es exclusivamente ambiental. Es también urbano, social, económico y de gobernanza. En ciudades donde se concentra una parte importante de la actividad turística y logística del país, los efectos de un huracán, una inundación, una sequía o la erosión costera pueden convertirse en pérdidas económicas multimillonarias, desplazamientos de población, afectaciones a la vivienda y deterioro de infraestructura estratégica.

Cambio climático: ciudades cada vez más expuestas

Uno de los principales desafíos es el cambio climático y su expresión cada vez más evidente en los territorios costeros. El aumento del nivel del mar representa una amenaza creciente para ciudades como Acapulco y para extensas zonas del Caribe mexicano, donde una parte sustancial de la infraestructura turística e inmobiliaria se encuentra próxima a la línea de costa. A ello se suma la intensificación acelerada de ciclones tropicales. El huracán Otis mostró de manera dramática la velocidad con la que un fenómeno meteorológico puede transformarse en una catástrofe urbana: en aproximadamente 24 horas pasó de tormenta tropical a categoría 5, rebasando previsiones y capacidades de respuesta.

La erosión costera es otra señal de alerta. Cancún, Progreso y Playas de Tijuana enfrentan distintos procesos de pérdida de playa, deslaves y afectaciones a edificios e infraestructura. Lo que durante décadas fue tratado como un problema localizado comienza a adquirir una dimensión territorial más amplia. La pérdida de arena, dunas y barreras naturales no solo afecta la actividad turística; incrementa también la exposición de la población y de las inversiones frente al oleaje, las tormentas y el ascenso del nivel del mar.

El caso de El Bosque, Tabasco, resulta particularmente ilustrativo. En 2025 esta comunidad fue reconocida como desplazada por los efectos del cambio climático y tuvo que ser reubicada tierra adentro. Más allá de sus particularidades, el caso plantea una advertencia de enorme importancia: si la adaptación costera no se incorpora desde ahora a las políticas públicas y a los instrumentos de planeación territorial, el desplazamiento climático puede dejar de ser un fenómeno excepcional para convertirse en una realidad recurrente.

Agua, saneamiento e inundaciones: una misma crisis

A esta vulnerabilidad climática se suma un segundo gran frente: la seguridad hídrica. Resulta paradójico que algunas de las ciudades que mayores ingresos turísticos generan enfrenten al mismo tiempo graves carencias en abastecimiento de agua, drenaje y saneamiento. Cancún, Riviera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta muestran distintas expresiones de un mismo problema: crecimiento urbano y turístico por encima de la capacidad de las redes y de las fuentes de suministro.

La sobreexplotación de acuíferos, la intrusión salina y la contaminación de cuerpos de agua costeros son ya problemas estructurales. En la península de Yucatán, la salinización del acuífero cárstico constituye un riesgo de largo plazo para millones de personas y para ciudades cuyo crecimiento depende directamente de la disponibilidad de agua. A ello se suma un saneamiento insuficiente que deteriora lagunas, humedales y ecosistemas costeros, al tiempo que fenómenos como el sargazo generan costos crecientes para gobiernos locales y sectores turísticos.

Las inundaciones urbanas recurrentes en ciudades como Veracruz, Tampico o Villahermosa muestran además que la crisis hídrica no se limita a la escasez. En muchas zonas costeras el problema consiste simultáneamente en no disponer de agua suficiente y, paradójicamente, no contar con infraestructura adecuada para manejar los excesos durante lluvias extraordinarias. La planeación urbana deberá comenzar a asumir esta doble condición, incorporando sistemas de drenaje resilientes, infraestructura verde, recuperación de humedales y soluciones que permitan captar, retener, infiltrar y reutilizar el agua.

En este contexto, la pérdida de manglares y humedales resulta especialmente grave. Estos ecosistemas no son terrenos vacantes en espera de urbanización; son parte fundamental de la infraestructura natural de protección costera. Funcionan como barreras frente a tormentas y oleajes, almacenan carbono, regulan el agua y reducen procesos de erosión. Su destrucción para abrir espacio a nuevos desarrollos inmobiliarios puede generar ganancias inmediatas, pero también multiplica los costos y riesgos futuros para las propias ciudades.

Gentrificación turística: cuando vivir en el destino se vuelve inaccesible

Un tercer frente es el crecimiento turístico y urbano acelerado. Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Los Cabos son ejemplos de ciudades donde el éxito económico ha producido también fuertes desequilibrios territoriales. El crecimiento poblacional ha superado en muchas zonas la capacidad para dotar suelo urbanizado, vivienda, transporte, agua y equipamiento. Los asentamientos irregulares se expanden al mismo tiempo que el valor del suelo aumenta y la vivienda asequible se vuelve cada vez más escasa.

A ello se suma el crecimiento de las rentas de corta estancia y los procesos de gentrificación turística. Cuando una vivienda comienza a ser más rentable como alojamiento temporal que como espacio para residencia permanente, los habitantes locales enfrentan precios crecientes y mayores dificultades para permanecer en sus propios barrios. El problema no consiste en impedir la actividad turística, sino en establecer reglas que permitan equilibrar sus beneficios económicos con el derecho de la población local a acceder a una vivienda adecuada.

La presión inmobiliaria también está generando conflictos sobre la tenencia de la tierra, particularmente en zonas ejidales y de rápida valorización como Tulum. Cuando la expansión urbana ocurre sobre territorios con derechos de propiedad poco claros, la especulación puede derivar en despojos, litigios y una creciente inseguridad jurídica que termina perjudicando tanto a las comunidades como a los propios inversionistas.

Infraestructura y gobernanza: prevenir antes que reconstruir

El cuarto gran desafío es la infraestructura y la gobernanza del riesgo. México requiere puertos competitivos, carreteras eficientes y sistemas logísticos capaces de sostener su economía, pero esa modernización debe acompañarse de una planeación territorial y ambiental mucho más rigurosa. La saturación portuaria, la limitada conectividad de numerosas localidades costeras y la ocupación irregular de zonas federales muestran que la infraestructura no puede analizarse separadamente del territorio en el que se inserta.

La prevención debería ocupar un lugar mucho más importante que la reconstrucción posterior al desastre. Sin embargo, hacia 2019 apenas una proporción reducida de municipios contaba con Atlas de Riesgo actualizados. A ello se suma la desaparición del FONDEN, que obliga a replantear con urgencia los mecanismos financieros mediante los cuales el país enfrentará eventos extremos cuya frecuencia e intensidad previsiblemente seguirán aumentando.

México necesita actualizar y, sobre todo, aplicar efectivamente sus Atlas de Riesgo; impedir nuevas urbanizaciones en zonas claramente expuestas; establecer mecanismos sólidos y permanentes de financiamiento para prevención y atención de desastres; mejorar la gobernanza del agua; recuperar manglares, humedales y dunas; fortalecer la aplicación de la regulación en la Zona Federal Marítimo Terrestre; impulsar programas de vivienda asequible y atender los efectos territoriales de las rentas de corta estancia.

Planear hoy o reconstruir mañana

No se trata de frenar el desarrollo de las ciudades costeras, sino de reconocer que continuar creciendo bajo las mismas reglas puede resultar cada vez más costoso. Las ciudades del litoral mexicano concentran algunas de las mayores oportunidades económicas del país, pero también algunos de sus mayores riesgos territoriales.

El caso de El Bosque, Tabasco, debería entenderse como una advertencia. Cuando la planeación llega después del desastre, ya no estamos hablando de prevención, sino de reparación. En un escenario climático cada vez más incierto, México no puede seguir esperando a que el siguiente huracán, la siguiente inundación o comunidad desplazada nos recuerde que ordenar el territorio, proteger los ecosistemas y anticipar el riesgo resulta siempre menos costoso que reconstruir después de haberlo perdido.

Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Urbanistas

contacto@amu.org.mx

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