Por Carlos Corral Serrano
Hace dos décadas, cuando la discusión pública todavía giraba principalmente alrededor del crecimiento económico, la competitividad urbana y la expansión inmobiliaria, diversos especialistas ya advertían que el verdadero desafío de las ciudades del siglo XXI no sería construir más infraestructura, sino construir ciudades más incluyentes.
En 2006, José Luis Lezama y Judith Domínguez publicaron el ensayo Medio ambiente y sustentabilidad urbana, donde planteaban una idea que hoy parece evidente, pero que en aquel momento resultaba innovadora: una ciudad sostenible sólo puede existir si es también una ciudad inclusiva.
Su planteamiento era contundente. La sustentabilidad urbana no debía limitarse a la protección ambiental ni a la eficiencia económica. Una ciudad verdaderamente sostenible debía ser habitable, segura, justa, democrática y accesible para todos sus habitantes, independientemente de su condición económica, edad, género o lugar de residencia.
Veinte años después, la pregunta resulta inevitable:
¿Realmente hemos avanzado hacia ese modelo de ciudad?
La respuesta es compleja.
Por una parte, el discurso urbano ha evolucionado significativamente. Hoy hablamos de movilidad sostenible, accesibilidad universal, espacio público, perspectiva de género, derecho a la ciudad, resiliencia climática, ciudades de quince minutos, urbanismo táctico y participación ciudadana.
Sin embargo, en muchos casos la realidad urbana continúa reproduciendo exactamente los mismos patrones de exclusión que se identificaban hace veinte años.
Millones de personas siguen viviendo lejos de los empleos, de los servicios de salud, de los espacios recreativos y de las oportunidades educativas. Las banquetas continúan siendo inaccesibles para personas con discapacidad, adultos mayores o familias con carriolas. El transporte público sigue representando una experiencia desigual y, en muchos casos, insegura. Los espacios públicos continúan distribuyéndose de manera profundamente inequitativa entre distintas zonas de una misma ciudad.
La exclusión urbana ya no se manifiesta únicamente a través de la pobreza.
También se expresa mediante la distancia.
La distancia al trabajo.
La distancia a los servicios.
La distancia a las oportunidades.
La distancia a la participación.
Lezama y Domínguez señalaban que la ciudad debía garantizar un acceso más equitativo y democrático a la riqueza socialmente generada, así como a los beneficios ambientales y urbanos. Hoy esa afirmación conserva plena vigencia.
Porque una ciudad puede tener grandes inversiones, nuevos desarrollos inmobiliarios y corredores corporativos modernos, pero seguir siendo profundamente excluyente si una parte importante de su población no puede acceder a los beneficios que genera.
La ciudad incluyente no es un discurso; es una experiencia cotidiana
La inclusión urbana se construye en las decisiones aparentemente pequeñas.
Se construye cuando una persona en silla de ruedas puede desplazarse sin obstáculos.
Cuando una mujer puede caminar de noche con seguridad.
Cuando un adulto mayor encuentra bancas, sombra y espacios de descanso.
Cuando un niño puede llegar caminando a la escuela.
Cuando un ciclista cuenta con infraestructura segura.
Cuando el transporte público conecta oportunidades y no reproduce desigualdades.
En realidad, gran parte de las intervenciones que hoy promovemos bajo conceptos como urbanismo táctico, calles completas o movilidad activa tienen su origen en aquella visión de ciudad inclusiva que comenzó a consolidarse internacionalmente hace más de dos décadas.
No es casualidad que los proyectos urbanos más exitosos del mundo compartan características similares: mejores banquetas, espacio público de calidad, transporte eficiente, vegetación urbana, accesibilidad universal y participación ciudadana.
No se trata solamente de infraestructura.
Se trata de dignidad urbana.
La deuda pendiente de las ciudades mexicanas
En América Latina, los autores advertían que los principales obstáculos para construir ciudades inclusivas eran la visión de corto plazo, la fragmentación institucional y la ausencia de una verdadera gobernanza urbana.
Lamentablemente, buena parte de esos problemas persisten.
Seguimos diseñando ciudades mediante políticas sectoriales desconectadas entre sí. La movilidad se planea, por un lado, la vivienda por otro, el medio ambiente por otro más y el desarrollo económico en una ruta distinta.
El resultado son ciudades que crecen, pero no necesariamente mejoran.
Ciudades que invierten, pero no siempre incluyen.
Ciudades que se expanden, pero que frecuentemente profundizan sus desigualdades territoriales.
Quizá por ello la discusión contemporánea sobre el derecho a la ciudad no es otra cosa que una actualización de aquella conversación iniciada hace veinte años sobre la ciudad inclusiva.
Ambas parten de la misma premisa: la ciudad debe ser un espacio de oportunidades compartidas y no un mecanismo de segregación social.
La inclusión como criterio de éxito urbano
Durante décadas evaluamos a las ciudades por la cantidad de inversión que atraían, por el tamaño de sus edificios o por la longitud de sus vialidades.
Hoy sabemos que esos indicadores son insuficientes.
La verdadera medida del éxito urbano es mucho más simple y mucho más profunda:
¿Qué tan fácil resulta vivir en ella?
¿Qué tan accesibles son sus oportunidades?
¿Qué tan seguros son sus espacios?
¿Qué tan equitativamente distribuye sus beneficios?
Hace veinte años ya se planteaba que la ciudad sostenible debía garantizar la inclusión de todas las personas en la vida económica, social, cultural y política de la comunidad.
La reflexión sigue vigente.
La diferencia es que ahora ya no podemos decir que no lo sabíamos.
“La ciudad más moderna no es la que construye más infraestructura, sino la que logra que más personas puedan disfrutarla en igualdad de condiciones.”
Conclusión
Dos décadas después, el concepto de ciudad inclusiva ha demostrado que no era una aspiración idealista, sino una condición indispensable para la sostenibilidad urbana. Las ciudades que serán exitosas en el siglo XXI no serán necesariamente las más grandes ni las más ricas, sino aquellas capaces de garantizar accesibilidad, seguridad, participación y oportunidades para todas las personas. La inclusión dejó de ser un complemento de la planeación urbana; hoy constituye su principal indicador de calidad y su mayor desafío pendiente.
Director de la Asociación Mexicana de Urbanistas
contacto@amu.org.mx
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