Barcelona y México: el reto ya no es construir más viviendas, sino mejores ciudades

Juan L. Kaye López

La Declaración de Barcelona y la política habitacional mexicana parten de una coincidencia fundamental: la vivienda no puede seguir considerándose únicamente una mercancía; debe reconocerse como un derecho humano.

En ese punto existe una clara convergencia. Mientras la Unión Internacional de Arquitectos afirma que "la vivienda es un derecho, no un mero rendimiento económico", México ha elevado ese principio al ámbito constitucional y lo ha traducido en políticas públicas orientadas a reducir el déficit habitacional mediante el Programa de Vivienda para el Bienestar y el Programa Nacional de Vivienda 2026-2030.

Se trata de un avance significativo. Durante décadas el acceso a la vivienda estuvo condicionado principalmente por la capacidad económica de las familias. Reconocerla como un derecho representa un cambio profundo en la manera en que el Estado entiende su responsabilidad social.

Sin embargo, es precisamente a partir de esa coincidencia donde comienzan también las diferencias.

La Declaración de Barcelona no limita el debate al número de viviendas que deben construirse. Su preocupación principal es la calidad de las ciudades que esas viviendas ayudarán a conformar. Habla de reutilización del patrimonio edificado, de economía circular, de materiales sostenibles, de biodiversidad, de justicia ambiental y de belleza como parte del bienestar colectivo.

En contraste, la política habitacional mexicana continúa evaluándose principalmente mediante metas cuantitativas: número de viviendas construidas, créditos otorgados o familias beneficiadas. Son indicadores indispensables, pero insuficientes para valorar el impacto urbano de una política de vivienda.

La verdadera pregunta ya no debería ser únicamente cuántas viviendas construir, sino qué tipo de ciudad estamos produciendo con ellas.

Una vivienda adecuada no existe aislada de su contexto. Su calidad depende también del espacio público que la rodea, de la existencia de parques, escuelas, centros de salud, transporte público eficiente, infraestructura verde, empleo cercano y oportunidades para desarrollar la vida cotidiana.

Por ello, hablar de vivienda implica necesariamente hablar de ciudad.

La experiencia internacional demuestra que construir grandes conjuntos habitacionales sin equipamientos suficientes, sin movilidad adecuada o alejados de las fuentes de empleo termina generando nuevas formas de desigualdad. El derecho a la vivienda pierde parte de su significado cuando la ciudad niega otros derechos igualmente esenciales.

Barcelona también introduce un concepto particularmente relevante para México: rehabilitar antes que expandir. Nuestras ciudades cuentan con miles de inmuebles subutilizados, corredores urbanos deteriorados, vacíos urbanos y zonas con infraestructura instalada que podrían reincorporarse al desarrollo urbano mediante procesos de regeneración y redensificación inteligente.

Esto no significa dejar de construir vivienda nueva. Significa equilibrar la producción de nuevas viviendas con estrategias de rehabilitación, reutilización del patrimonio construido y consolidación urbana, reduciendo así la expansión dispersa que incrementa los costos de infraestructura, movilidad y servicios públicos.

El verdadero derecho es el derecho a la ciudad

México ha dado un paso histórico al reconocer la vivienda como un derecho y al impulsar una política pública para reducir el déficit habitacional. Sin embargo, la Declaración de Barcelona nos recuerda que una vivienda digna sólo alcanza plenamente su sentido cuando forma parte de una ciudad igualmente digna.

Por ello, las políticas públicas del futuro deberán incorporar criterios de sostenibilidad, regeneración urbana, reutilización del patrimonio edificado, movilidad sostenible, infraestructura verde, espacio público de calidad y adaptación al cambio climático como componentes inseparables de la política habitacional.

El éxito ya no debería medirse únicamente por el número de viviendas entregadas. También deberá evaluarse por la calidad urbana que esas viviendas ayudan a construir, por la reducción de las desigualdades territoriales y por la capacidad de nuestras ciudades para ofrecer bienestar a las generaciones presentes y futuras.

La Declaración de Barcelona deja una lección que trasciende a la arquitectura y al urbanismo: el verdadero progreso no consiste en construir más, sino en construir mejor. México tiene hoy la oportunidad de demostrar que ambas metas pueden caminar juntas. Porque el mayor desafío del siglo XXI no será únicamente garantizar el derecho a la vivienda, sino hacer efectivo el derecho de todas las personas a vivir en ciudades más justas, resilientes y humanas.

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