Presidenta: ayudar a Era debe ser ayudar a todo el sector editorial

Mauricio Volpi

El cierre de Ediciones Era no debería leerse como una anécdota triste ni como el problema particular de una empresa. Para mí, es una señal de alerta sobre la fragilidad del ecosistema editorial en México. Lo que está en juego no es solo la supervivencia de un sello histórico, sino la continuidad de una red de editoriales, librerías, bibliotecas y lectores que sostiene una parte esencial de la vida cultural del país.

La muerte de una editorial siempre es triste. En el caso de Ediciones Era, se parece a un cáncer diagnosticado a tiempo, pero contra el cual no fue posible ganar la batalla. He leído comentarios y columnas que atribuyen el cierre a errores de dirección, falta de adaptación o incluso soberbia. No puedo coincidir del todo con esa lectura. Es posible que haya habido decisiones discutibles, pero Era llegó debilitada a una tormenta perfecta: un sector editorial frágil, con canales de venta tensionados, pagos cada vez más tardíos y políticas públicas que dejaron de mirar al libro como una prioridad cultural.

El sector editorial es indispensable para el desarrollo cultural y educativo del país, aunque en términos económicos sea pequeño. Para dimensionarlo: lo que toda la industria vende en un año equivale, aproximadamente, a lo que una empresa como Bimbo vende en un mes. Esa desproporción explica por qué cualquier cambio en las compras públicas, en los canales de venta o en los tiempos de pago puede tener efectos profundos en toda la cadena del libro.

Tampoco ayuda la composición del sector. Hay alrededor de 30 editoriales dedicadas al libro de texto, en su mayoría transnacionales y de tamaño mediano o grande; en el mercado de interés general existen apenas dos empresas grandes; y después estamos las editoriales independientes y pequeñas, cerca de 180 sellos de muy distintos tamaños: desde proyectos de una sola persona hasta empresas con 20 o 25 empleados. En la práctica, la mayoría somos MIPYMES.

En México, las editoriales vendemos a librerías y retail por consignación: entregamos los libros, asumimos el riesgo completo y cobramos solo lo que se vende. Ese modelo, que durante años se aceptó como parte natural del negocio, hoy muestra su desgaste. A diferencia de otros sectores, donde la tienda compra el producto, lo paga en 15 o 30 días y no puede devolverlo salvo por defecto, en el libro el esquema es mucho más frágil. La editorial fija el PVP —sobre el cual paga regalías a los autores— y vende a la librería con descuentos de entre 40% y 50%; si interviene un distribuidor, el descuento puede llegar hasta 62%. Además, el primer corte de una consignación suele tardar de 90 a 120 días, y después inicia un trámite de pago que puede sumar otro mes o varios más. Hoy, cobrar a 180 días se ha vuelto normal.

Esta forma de operar permitió durante años que algunas librerías jinetearan el dinero durante meses. Cuando llegó la pandemia y se detuvo la circulación, esa fragilidad quedó expuesta: varias cadenas importantes cerraron o quedaron al borde del cierre. Para las editoriales que no vendemos libros de texto y dependemos de librerías y tiendas departamentales, el golpe ha sido doble: no solo enfrentamos retrasos de pago, también perdemos puntos de venta y, con ello, ventas futuras.

También hay que reconocer las excepciones. Librerías como Gandhi y Gonvill, así como Sanborns en retail, venden mucho y pagan en tiempo y forma. Si no existieran actores con esa seriedad comercial, muy posiblemente el sector editorial estaría en una situación todavía más grave.

Desde la llegada de Marx Arriaga al gobierno, primero en la Secretaría de Cultura como director de la Red Nacional de Bibliotecas, se suspendió las compras a editoriales. Esas adquisiciones —pedidos de 500 a 1,000 ejemplares de algunos títulos, normalmente con descuentos de 50%— representaban ingresos modestos pero importantes para completar nuestro presupuesto. Después, ya en la Dirección General de Materiales Educativos, también desaparecieron las compras de ediciones especiales para Bibliotecas de Aula y Bibliotecas Escolares. Bajo el argumento de que había que quitar “el negocito de las editoriales de la CANIEM”, se tomó una decisión que afectó a la industria y también a los niños, que dejaron de recibir libros en las aulas.

Cabe aclarar que, en las compras para Bibliotecas de Aula y Bibliotecas Escolares, las editoriales no fijábamos ni el precio ni el tiraje. Era CONALITEG quien establecía cuánto pagaba por cada libro, conforme a su tabulador, y también definía las especificaciones técnicas necesarias para llegar a ese precio. El volumen que compra la SEP justifica precios bajos; aun así, en los años previos a Marx Arriaga, ese presupuesto —aunque limitado— ayudaba a completar ingresos, financiar reimpresiones y sostener novedades.

Con la llegada de Paco Ignacio Taibo II al Fondo de Cultura Económica (FCE), se concentró las librerías del FCE, EDUCAL y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. La intención, se dijo, era impulsar el mercado; en la práctica ha ocurrido lo contrario. El presupuesto para coediciones —una convocatoria en la que participaban diversas editoriales— se cerró y ahora se destina a libros de bajo costo que, entiendo, se distribuyen en Latinoamérica de manera gratuita. Además, EDUCAL arrastra un rezago financiero importante: en mi editorial, por ejemplo, tenemos facturas pendientes de pago desde hace más de un año. En el caso del FCE, el programa Cadenas Productivas tampoco funciona como en otros sectores. Una factura puede ingresar a trámite y quedarse detenida durante meses hasta que Hacienda libera presupuesto. Si a eso se suma los tiempos de consignación ya descritos, algunos pagos llegan a 180 o 210 días desde que se entregó el material.

En tiempos de Vicente Fox surgió el Programa Nacional de Lectura, que entre 2002 y 2006 requirió, en promedio, recursos por 400 millones de pesos al año. Ese programa transformó no solo a la industria editorial, sino a una parte importante del sector cultural del país. Las editoriales grandes crecieron; las pequeñas pudimos construir un fondo de trabajo. En esos años, mi editorial publicaba alrededor de 40 novedades anuales y cerraba el año en números negros. El punto no es idealizar otro sexenio, sino recordar que una política pública relativamente acotada puede modificar todo el ecosistema cuando está bien diseñada.

Fueron otros tiempos, pero la industria editorial no requiere tantos recursos para salir adelante; bastarían algunos ajustes bien dirigidos.

Entiendo y celebro la empatía de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando, al preguntarle por el cierre de Era, respondió: “Vamos a ver cómo podemos ayudar”. Esa disposición es valiosa. Por eso, el llamado no debería limitarse a una editorial, por importante que sea su historia, sino ampliarse a toda la cadena del libro.

Con este panorama, las medidas necesarias no tendrían que plantearse como un rescate excepcional, sino como una política pública mínima para reactivar la circulación del libro. Si el diagnóstico es estructural, la respuesta también debe serlo. Las siguientes acciones buscan atender el problema donde hoy se rompe la cadena: compras públicas, bibliotecas, librerías, pagos pendientes y reglas claras para la dotación de acervos.

Por lo anterior, le pido que no ayude solo a Ediciones Era. Ayude a toda la industria editorial. Y propongo hacerlo con medidas concretas, viables y orientadas a que los libros vuelvan a circular por escuelas y bibliotecas en las comunidades:

-CONALITEG podría generar ahorros importantes en el presupuesto de Libros de Texto Gratuitos si se establece un esquema gradual de reúso. En varios países no se imprime el 100% de los libros de texto cada año; solo se repone el porcentaje necesario. Parte de ese ahorro podría destinarse a renovar y fortalecer los acervos de bibliotecas escolares.

-Asignar presupuesto específico a la Red Nacional de Bibliotecas para la adquisición de acervos actualizados, con criterios claros de diversidad editorial, pertinencia regional y acceso comunitario.

-La Secretaría del Bienestar, que opera el programa La Escuela es Nuestra, podría establecer una fórmula para que las escuelas adquieran materiales de lectura con contenido valioso y no destinen esos recursos a productos de bajo aporte educativo, como cuadernos para iluminar basados en licencias comerciales. Estas compras podrían realizarse a través de librerías locales, lo que fortalecería nuevos puntos de venta y acercaría libros pertinentes a las comunidades escolares.

-La Secretaría de Hacienda debería atender los pasivos de EDUCAL con las editoriales y, al mismo tiempo, garantizar recursos suficientes para que las librerías del FCE y EDUCAL paguen en plazos razonables. El programa de Cadenas Productivas debe funcionar como una herramienta real de liquidez, no como un trámite que se activa solo cuando hay presupuesto disponible.

-Modificar el régimen de IVA aplicable a la comercialización del libro, de exento a tasa cero, para que librerías y distribuidores puedan recuperar el IVA pagado en los gastos asociados a la venta de libros.

-Establecer en el reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro los lineamientos para que la SEP dote de acervos a las bibliotecas escolares de forma periódica, transparente y verificable. Hoy no existe una norma clara para aplicar el artículo 10 en esta materia.

Estos puntos podrían sonar, a primera vista, como una simple petición de compra: comprar más libros, comprar más acervos, comprar más ejemplares. Pero desde mi trinchera como director de una editorial veo algo distinto: no se trata de transferir recursos a empresas, sino de asegurar que los libros lleguen a las bibliotecas escolares y comunitarias. Los beneficiarios finales son niñas, niños, jóvenes y adultos que necesitan acceso real a la lectura.

Como miembro de la CANIEM, propongo abrir un diálogo directo con las secretarías de Educación, Cultura, Bienestar y Hacienda para construir salidas comunes a esta tormenta. Nadie quiere ver hundirse otros barcos. Pero tampoco basta con lamentar el naufragio cuando ya ocurrió. Si el Estado, las librerías, las editoriales y las escuelas coordinan esfuerzos, todavía es posible evitar que el cierre de Era sea el inicio de una pérdida mayor para la cultura escrita en México.

@MauricioVolpi

Director de Nostra Ediciones y Panorama Editorial.

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