México entra en una etapa decisiva para su infraestructura energética. En los próximos años tendrá que responder a una mayor demanda, el consumo de gas natural podría aumentar entre el 60 y 70% entre 2025 y 2035, y, al mismo tiempo, competir con Estados Unidos y Canadá por el capital para financiar esa expansión. Así, la pregunta no es solo cuánta infraestructura necesita el país, sino qué tan bien puede convertir sus planes en proyectos atractivos para la inversión.
Los anuncios recientes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum son muy positivos ya que reconocen que el acceso a la energía es un cimiento clave del desarrollo económico. El Plan México y el Plan para el Desarrollo de Infraestructura contemplan casi 32 GW de nueva capacidad instalada entre 2025 y 2030, combinando diversas fuentes de energía. Esto representa una inversión de más de 42 mil 700 millones de dólares. Esta nueva capacidad de generación incluye alrededor de 10 GW alimentados por gas natural, demostrando su importante rol como parte de la mezcla energética en los próximos años.
El enfoque es pragmático: México necesita todas las fuentes disponibles para atender una demanda que no espera.
Sin embargo, el capital necesario para desarrollar esta infraestructura no llegará por inercia. Washington y Ottawa han acelerado permisos, simplificado procesos y buscado reducir la incertidumbre para los inversionistas. México no puede asumir que el capital vendrá solo por geografía o tamaño de mercado. En esta carrera, los proyectos que avanzan son los que ofrecen tres condiciones básicas:
- Rentabilidad competitiva: los inversionistas evalúan retornos ajustados por riesgo.
- Certeza regulatoria: reglas claras y supervisión predecible de los reguladores son indispensables.
- Capacidad de ejecución: condiciones para que los proyectos se completen en tiempo y dentro de presupuesto reducen riesgos y generan confianza.
Cuando esas premisas existen, los proyectos se vuelven realidad y se convierten en señales de política pública positivas, que le dicen al mercado que México puede ejecutar, coordinar y dar certidumbre. Por eso, los anuncios de simplificación administrativa recientemente anunciados son sumamente positivos. También lo será que estás medidas ayuden a que proyectos e inversiones ya en marcha lleguen a buen puerto: a tiempo, dentro del presupuesto y bajo reglas claras y estables. En un entorno regional que lucha por el acceso a capital, la mejor forma de atraer nuevas inversiones es demostrar que las inversiones existentes son exitosas.
El gasoducto Puerta al Sureste, la primera asociación estratégica entre el sector privado y la CFE ofrece un ejemplo concreto. Haber concluido este proyecto de clase mundial, a tiempo y por debajo del presupuesto no solo acredita capacidad técnica y financiera; también aporta evidencia de certidumbre y ejecución. Y esa evidencia tiene valor, ya que fortalece el argumento de que México sí puede desarrollar infraestructura compleja con resultados verificables.
Cuando un proyecto se alinea con las prioridades públicas, cuenta con contrapartes sólidas y ofrece una ruta clara de ejecución, el financiamiento puede llegar. Pero la lección de fondo es más amplia: el capital no responde solo a planes, responde a precedentes.
La oportunidad para México es real. Tiene ubicación, recursos y una ventana de demanda que pocos países tienen hoy. Pero en una región donde Estados Unidos y Canadá también buscan atraer inversión, eso ya no basta. La prioridad debe ser que cada proyecto que entra en servicio, lo haga conforme a lo previsto, gracias a la obtención de permisos en tiempos razonables, certeza regulatoria, garantías a los derechos de vía y rentabilidad.
En la carrera norteamericana por inversión, los proyectos que ya operan y lo hacen con éxito, son la mejor carta de presentación.
Gregory Romero es vicepresidente sénior de TC Energy en México. TC Energy es la empresa canadiense con mayor capital en México con más de 11 mil millones de dólares invertidos en el país.
