Christopher Cernichiaro Reyna
El reciente informe de Oxfam México, Oligarquía o democracia, plantea una idea incómoda pero necesaria: en México existe un círculo vicioso entre crecimiento económico, poder político y control de recursos ambientales. Es decir, quienes concentran más riqueza también concentran más capacidad para influir en las decisiones públicas y en el acceso a recursos estratégicos como agua, energía, infraestructura o transporte. Con ello, el sistema termina reproduciendo la desigualdad.
La discusión no es nueva. Los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, en Por qué fracasan los países, sostienen que las naciones fracasan cuando sus instituciones permiten que pequeños grupos concentren poder económico y político. Cuando eso ocurre, las reglas dejan de beneficiar a la población y comienzan a proteger privilegios. El resultado suele ser bajo crecimiento económico, desigualdad persistente, debilitamiento democrático y menos posibilidades de que las personas se desarrollen libremente.
El informe de Oxfam retoma esta preocupación para el caso mexicano. Señala que mientras millones de personas enfrentan problemas de transporte, acceso al agua, servicios públicos insuficientes o largas jornadas de trabajo no remunerado, especialmente las mujeres, los grupos económicos más poderosos pueden influir en mercados, regulaciones y políticas públicas, en otras palabras, orientar las reglas del juego a su favor.
Pero la investigación de Oxfam no se queda en la crítica. También plantea la posibilidad de construir un círculo virtuoso. ¿Qué se necesita? Infraestructura democrática, transporte ecológico, uso equitativo del agua, un sistema nacional de cuidados y obras públicas que reduzcan el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En otras palabras, invertir en condiciones que permitan a las personas vivir mejor y tener más tiempo, salud y oportunidades.
Otra pregunta importante es cómo financiar y sostener ese cambio. Oxfam propone hacerlo mediante un sistema más progresivo de impuestos y subsidios, donde quienes tienen mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más. También plantea reducir el poder excesivo de agentes económicos que dominan mercados estratégicos. La lógica es sencilla: si el poder económico se concentra, la democracia termina debilitándose.
Esta discusión también se relaciona con el gasto público en México. Diversas investigaciones muestran que el problema no es únicamente cuánto se gasta, sino cómo se diseñan las instituciones que administran esos recursos. Sin transparencia, rendición de cuentas y controles efectivos, el gasto puede aumentar sin traducirse necesariamente en bienestar social.
Al final, el debate de fondo no es ideológico, sino ciudadano. ¿Puede existir una democracia sólida cuando unas cuantas personas concentran enormes recursos económicos y capacidad de influencia? Oxfam responde que no. Y propone algo más ambicioso: construir instituciones que permitan que el crecimiento económico mejore realmente la vida de la mayoría y garantice derechos básicos como salud, educación y una vida digna.
Profesor investigador del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco