Por el Magistrado Jesús Cadena Álcala
En México, hablar de responsabilidad disciplinaria y administrativa de las y los servidores públicos no es un asunto menor. Se trata de un eje central para garantizar la legitimidad del Estado y la confianza ciudadana en sus instituciones. Sin embargo, la experiencia cotidiana muestra que la sanción no basta, es necesitamos un modelo integral de prevención que transforme la cultura judicial y fortalezca la ética pública.
La propuesta es clara, debemos apostar por la prevención disciplinaria a través de la corrección, detección temprana y sanción oportuna, con el objetivo de consolidar un Poder Judicial transparente, imparcial y confiable para las personas.
De igual modo, es importante hacer frente a las malas prácticas; por lo cual, las personas que trabajan en el Poder Judicial federal y locales deben ser profesionalizados constantemente, capacitado en ética judicial, derechos humanos, perspectiva de género y transparencia.
Lo cual sirve para actualizar a las y los servidores públicos del Poder Judicial, así como para hacer frente a cambios normativos, fortalecer el desempeño bajo los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia, que servirá de estrategia preventiva indispensable.
No somos ajenos a la existencia de la corrupción que sigue siendo uno de los problemas más dañinos para la legitimidad; figuras como los sobornos, nepotismo, tráfico de influencias y abusos de funciones erosionan la confianza ciudadana y profundizan desigualdades; sin embargo, no son el común denominador y eso lo debe saber la ciudadanía para que se vincule con un tema de gran relevancia: la justicia.
Por lo cual, el fortalecimiento institucional exige mecanismos internos de control y supervisión, acompañados de una cultura organizacional orientada a la transparencia y la rendición de cuentas, en el entendido que la información oficial puede convertirse en herramienta para evaluar avances y detectar áreas críticas.
Es así que la prevención integral nuevamente ocupa un papel principal, que debe ser atendido en tres niveles; la prevención primaria enfocada a la formación y sensibilización, prevención secundaria dirigida a la detección temprana de irregularidades y, finalmente; la terciaria encaminada a la sanción y reinserción institucional.
Este enfoque reconoce que la responsabilidad no es solo un concepto, es una práctica concreta que se traduce en sanciones y reparación del daño; buscando que las sanciones no sean meramente punitivas, sino restaurativas, orientadas a fortalecer la confianza en la función judicial.
Por supuesto, la implementación enfrenta obstáculos, como las resistencias culturales y políticas, limitaciones presupuestarias y falta de coordinación interinstitucional; los cuales requieren voluntad política, recursos suficientes y, sobre todo, un compromiso ético del personal del Poder Judicial con la sociedad.
En definitiva, la prevención disciplinaria no puede esperar a que las faltas se consumen. Debe ser un proceso integral que combine formación, fortalecimiento institucional y cultura organizacional. Solo así se podrá transformar la percepción social y con ello, consolidar un Poder Judicial que actúe con independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
En tiempos donde la confianza en las instituciones se encuentra debilitada, apostar por la prevención es apostar por la legitimidad del Estado de Derecho y por una justicia humana y transparente.
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