Por Eugenio Herrera
El debate sobre el fracking en México se ha cargado de simbolismo: para algunos, representa dependencia y daño ambiental; para otros, una herramienta necesaria en un sistema energético en transición. Sin embargo, más allá de posturas ideológicas, el país requiere una discusión basada en realidades técnicas, económicas y estratégicas. Desde esa perspectiva, mi postura es clara: México debe desarrollar fracking como parte de una política energética responsable y soberana.
Hoy, México depende en más de dos terceras partes del gas natural que consume de importaciones provenientes de Estados Unidos. Esta es una de las principales vulnerabilidades estructurales del sistema energético nacional. En este contexto, rechazar de forma absoluta el desarrollo de recursos domésticos —incluido el gas no convencional— no fortalece la soberanía; la debilita.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha argumentado que el gas beneficia principalmente a la industria, particularmente a la exportadora, y que por ello responde a intereses “extranjeros”. Esta narrativa es incompleta. La industria mexicana no es ajena al interés nacional: genera empleo formal, inversión, exportaciones y recaudación fiscal. Su acceso a energía competitiva es condición necesaria para el crecimiento económico del país.
También se ha intentado desestimar el fracking señalando que sólo podría cubrir alrededor del 10% de la demanda futura. Este argumento desconoce la lógica de los mercados energéticos. Incluso ese nivel de producción puede traducirse en mayor estabilidad de precios, menor exposición a disrupciones externas y una reducción relevante en importaciones. En energía, los márgenes importan.
Otro error recurrente es plantear una disyuntiva entre gas y energías renovables. En la práctica, ambas son complementarias. La generación solar y eólica, aunque cada vez más competitiva, requiere respaldo para garantizar continuidad en el suministro. Hoy, ese respaldo lo proporciona en gran medida el gas natural.
Por supuesto, los riesgos ambientales y de salud asociados al fracking son reales y deben atenderse con seriedad. Pero presentarlos como inevitables o imposibles de mitigar desconoce la evolución tecnológica y regulatoria en múltiples jurisdicciones. La discusión responsable no es si el riesgo existe, sino si puede gestionarse mediante regulación estricta, supervisión efectiva y transparencia.
En materia hídrica y de emisiones, las cifras suelen presentarse sin contexto local ni comparativo. La política pública debe construirse con base en evaluaciones específicas por región, considerando disponibilidad de agua, tecnologías de mitigación y alternativas reales.
El punto de fondo es que México no enfrenta una elección entre desarrollo y sostenibilidad, sino el reto de equilibrar seguridad energética, crecimiento económico y compromisos climáticos. Ignorar cualquiera de estos elementos implica una omisión estratégica.
Desde una perspectiva de crisis management, el mayor riesgo no es el fracking en sí mismo, sino la prevalencia de narrativas de alto impacto emocional que simplifican un problema estructural complejo. Cuando el debate público se construye sobre posiciones absolutas, se pierde espacio para soluciones pragmáticas basadas en evidencia.
México necesita una política energética que combine producción doméstica responsable —incluido el fracking—, regulación estricta y una aceleración decidida de energías limpias.
Porque, al final, la pregunta no es si el fracking es perfecto, sino si México puede permitirse seguir dependiendo del exterior mientras renuncia a desarrollar sus propios recursos. La respuesta es no.
Abogado, maestro en derecho internacional de la Universidad de Georgetown, y fundador de la firma WolfBoomerang.