Por Edgar Moreno
La conversación ambiental no puede separarse de la vida diaria, de las preocupaciones cotidianas ni las aspiraciones compartidas por millones de mexicanas y mexicanos. Como lo ha planteado el economista Dani Rodrik, el gran desafío de nuestra época es reconciliar tres objetivos que suelen tratarse por separado: prosperidad, reducción de la pobreza y acción climática. Esa perspectiva es útil para México.
No habrá transición energética significativa y duradera si se percibe como un sacrificio impuesto desde arriba, o como una oportunidad capturada solo por grandes inversionistas.
Al contrario, la descarbonización de ese sector, y, con ello, de buena parte de la economía, sólo será viable si la población reconoce en ella una promesa concreta de bienestar compartido, y si los tomadores de decisión la ven como una demanda real del electorado.
La discusión sobre energías renovables es un ejemplo claro. Durante años, el debate público se ha centrado en su impacto ambiental y en la regulación necesaria para facilitar inversiones. Ambas cosas importan: México necesita acelerar la generación limpia y dar certidumbre a quienes pueden aportar capital, tecnología y ejecución. Pero la conversación ha dejado en segundo plano a un actor que es central: las comunidades agrarias y rurales.
Muchos proyectos renovables se han diseñado como operaciones sobre el territorio y no con el territorio, sin garantizar licencia social, gobernanza local ni reparto justo de beneficios. Corregir ese error estructural implica poner a comunidades agrarias y ejidos en el centro de la política energética. No como obstáculos que deben ser administrados, sino como actores estratégicos del futuro energético nacional. En México, una gran parte del potencial renovable se encuentra en territorios rurales y de propiedad social. Por eso, cualquier estrategia seria debe reconocer que la tierra, la organización comunitaria y la legitimidad local son tan importantes como la inversión, la infraestructura o la tecnología.
Esto obliga a mirar las renovables más allá de la crisis climática. Deben responder a una crisis igualmente profunda: el despoblamiento rural. La pérdida de oportunidades, la migración de jóvenes, el envejecimiento de las comunidades y la sensación de que el futuro está siempre en otra parte han reducido la población rural a un 18% en 2020 y se estima que bajará hasta 13% en 2040. Si la energía limpia genera ingresos locales, capacidades técnicas, empleo y nuevas formas de organización comunitaria, no solo reduce emisiones; también contribuye a que el campo sea una opción digna y viable para vivir.
Las comunidades rurales son centrales en la producción de alimentos, la conservación de territorios y el cuidado de nuestros recursos naturales. La transición a las energías renovables ofrece una oportunidad para traducir esa contribución en ingresos, inversión social y participación real en una de las industrias más importantes del siglo XXI. Se trata de detonar desarrollo rural, fortalecer economías regionales, ampliar la base productiva del país y construir una seguridad energética con raíces sociales.
México no necesita elegir entre transición energética y desarrollo social. Necesita una ruta estratégica que trascienda esa falsa disyuntiva. La energía renovable puede ser una gran causa nacional si deja de presentarse como conversación exclusiva de especialistas y comienza a contarse como una historia de prosperidad compartida. Una historia en la que ejidos y comunidades agrarias son una de las llaves para enfrentar, al mismo tiempo, la crisis climática, la crisis rural y el futuro energético de México.
Director de Entorno TI
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