El pasado 2 de abril el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) anunció la decisión de llevar el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU mediante un extenso informe sobre la desaparición de personas en México. La respuesta del gobierno mexicano fue unísona: descalificación absoluta.
Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe sobre Desaparición de Personas en México con un diagnóstico y recomendaciones al Estado mexicano. La respuesta fue diferente: la cancillería y Gobernación aceptaron el informe y se dispusieron a analizar las recomendaciones.
Este contraste tiene al menos tres posibles explicaciones. La primera, que el CED consideró que en México se cometen desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad. En cambio, la CIDH no utilizó este término y plantea un esquema de alta complejidad en la relación entre crimen y autoridades sin implicar la comisión desapariciones forzadas. Al igual que el Alto Comisionado Volker Türk, la relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, evitó pronunciarse respecto al carácter de crimen de lesa humanidad.
Una segunda hipótesis puede ser el temor a la inferencia extranjera. Por un lado, en la ONU la presencia estadounidense es clave —incluso cuando el CED está compuesto por expertos independientes—. Por el otro, el sistema interamericano de derechos humanos se ha distinguido por la limitada vinculación de Estados Unidos y el protagonismo de los países latinoamericanos que permite a México mayor margen de maniobra.
Finalmente, la decisión del CED tiene implicaciones inmediatas. Pues llevaría la crisis mexicana a la discusión de la Asamblea General de la ONU en cumplimiento del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada. En cambio, el Informe de la CIDH tiene alcances limitados, pues se trata de informe temático que, aunque podría ser usado como evidencia, hasta ahora no está vinculado a un caso específico. Por ello, incluso si las recomendaciones son admitidas por el gobierno de México, en la práctica pueden ser ignoradas.
El contraste en las reacciones del gobierno mexicano parece ser resultado de un cálculo claro. Mientras uno activa un mecanismo singular que evidencia la responsabilidad del Estado mexicano en un panorama internacional complejo; el otro puede ser aprovechado para mostrar cierta apertura al escrutinio y la cooperación internacional. A pesar de esto, en ambos informes se reafirma lo que las familias han denunciado desde hace años: la desaparición es generalizada en todo el país y persiste por la impunidad casi absoluta; no se está haciendo lo suficiente para erradicarla aun con los esfuerzos que el gobierno mexicano exige que se le reconozcan. Ergo, el relato de las familias buscadoras tiene la firmeza del acero.
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