No vale engañarse: el verdadero objetivo del Departamento de Justicia, la DEA y otras instancias del gobierno norteamericano no es Rubén Rocha, una pieza menor, sino Andrés Manuel López Obrador por su pacto con el crimen. “Abrazos, no balazos“ no fue meramente un eslogan, sino su descarada oferta de impunidad al crimen organizado: el Estado se replegaba para dejarles hacer de las suyas.
Hoy los cárteles han suplantado al Estado en muchas regiones: cobran impuestos, quitan y ponen autoridades, pero van más allá: desaparecen y asesinan a quienes se resisten, como ocurrió recientemente con Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan.
En medio de una ofensiva judicial, diplomática y política (después vendrán otras, quizá), el gobierno mexicano muestra que no tiene propósitos de enmienda. Mientras el país está en vilo, la Presidenta luce extraviada, reactiva y desestima los impactos devastadores de ponerse del lado de Rocha, pieza clave en la trampa que llevó al asesinato de Melesio Cuén y al secuestro y substracción de Ismael El Mayo Zambada, que desató la guerra civil en Sinaloa.
Ante la crisis en la relación México-Estados Unidos, la doctora Sheinbaum se ha mostrado errática: tuvo la oportunidad de separarse del apoyo que López Obrador le dio a Rubén Rocha; los reportes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas y la fiscalía debieron advertirla, sin embargo, decidió meter las manos a la lumbre y mantener posturas que le resultan irritantes a Donald Trump, como la defensa y el apoyo a la dictadura cubana.
El pacto de Morena con el Cártel de Sinaloa involucra, además de Rocha, al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y al exgobernador Quirino Ordaz, hoy embajador de México ante España, pero ninguno de ellos tenía la jerarquía para acordarlo, solo el jefe de jefes.
La investigación del Departamento de Justicia es un golpe durísimo a la 4T; lo lamentable es que hayan sido autoridades estadounidenses y no mexicanas, las que hayan armado la acusación.
Retirado del cargo (y de la protección que implica ser gobernador del Estado), Rubén Rocha enfrenta una situación personal de enorme riesgo. Por una parte, lo buscan los hijos de El Mayo porque traicionó a su padre; en segundo lugar, quienes ante el temor de sus revelaciones, busquen silenciarlo y, finalmente, porque si el gobierno insiste en protegerlo, los gringos podrían ordenar una operación quirúrgica para extraerlo. La tensión escalaría a niveles inéditos.
En el expediente Rocha et al, la Fiscalía General de la República (FGR) no emprenderá una investigación seria y exhaustiva. Va a indagar y a resolver según las instrucciones que reciba de quién realmente manda, pero si la investigación es una farsa que concluye que no hay evidencias “contundentes” contra los iniciados, estará confirmándole a las autoridades estadounidenses el encubrimiento y la complicidad del régimen con el crimen organizado; se abrirá entonces para los gringos la puerta para la opción extrema y muchas cosas se descompondrán en México.
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