Los acontecimientos recientes en América Latina no pueden leerse como episodios aislados. Desde Colombia y Brasil, hasta México, Honduras y Venezuela, múltiples hechos políticos, mediáticos y diplomáticos revelan la articulación de una ofensiva internacional de las derechas para contener, desestabilizar o revertir procesos soberanistas, progresistas o simplemente autónomos frente a los intereses geopolíticos tradicionales de Washington y sus aliados continentales y europeos.
En este contexto, las elecciones presidenciales en Colombia y Brasil adquieren una importancia estratégica singular. Ambos países representan escenarios decisivos para el futuro político latinoamericano, particularmente frente al avance o contención de proyectos de integración regional, soberanía económica y autonomía política. La presión internacional, las campañas de desinformación, la judicialización, los discursos de “narcotización” de gobiernos incómodos y las operaciones mediáticas se insertan en una lógica más amplia de recomposición conservadora.
A ello se suma la profunda inconsistencia de la política internacional de Donald Trump, quien mientras enarbola una retórica de combate frontal al narcotráfico latinoamericano, simultáneamente indulta o protege a figuras directamente vinculadas con estructuras criminales cuando ello favorece sus intereses políticos hemisféricos. Esta doble moral pone en evidencia que el narcotráfico funciona muchas veces menos como problema ético que como herramienta selectiva de presión geopolítica.
Finalmente, estas dinámicas contemporáneas encuentran resonancias históricas profundas. La brutalidad de la conquista española, magistralmente documentada por Miguel León Portilla, así como la violencia sistemática ejercida contra poblaciones negras durante siglos, recuerdan que los proyectos de dominación global poseen raíces históricas largas, sustentadas en la invisibilización de pueblos enteros y en la legitimación ideológica de la violencia.
1. Colombia: elecciones, soberanía y reacción conservadora. Las elecciones presidenciales colombianas en mayo de 2026 comienzan a perfilarse como uno de los principales escenarios de disputa política regional. La declinación de Luis Gilberto Murillo para apoyar la candidatura de Iván Cepeda fortalece al oficialismo en un contexto donde el posicionamiento soberanista del gobierno de Gustavo Petro frente a Donald Trump adquiere centralidad estratégica.
El posible triunfo de Cepeda, incluso desde primera vuelta, representa para amplios sectores conservadores colombianos, regionales y estadounidenses una amenaza directa a la restauración de políticas alineadas con intereses tradicionales de Washington. De ahí que la derecha colombiana intensifique sus esfuerzos para reagruparse frente al bloque oficialista.
Colombia no sólo define un proceso electoral interno; representa una pieza clave en el tablero latinoamericano. Su orientación futura impactará directamente en los equilibrios regionales respecto a soberanía energética, relaciones hemisféricas, combate a desigualdades estructurales y márgenes de autonomía frente a Estados Unidos.
2. Brasil: Lula, industrialización y disputa continental. Brasil enfrenta igualmente una elección decisiva en octubre de 2026. Lula da Silva, con un respaldo significativo, confronta a Flavio Bolsonaro en una disputa que excede el ámbito nacional.
Más allá de políticas sociales históricas como Hambre Cero o Bolsa Familia, el proyecto lulista se distingue por su apuesta a la reindustrialización, el desendeudamiento popular y una estrategia económica que contrasta frontalmente con modelos ultraliberales como el argentino (catalogado como industricidio, con miles de unidades económicas que han bajado sus cortinas).
El programa de renegociación de deudas para familias brasileñas -con fuertes descuentos, tasas reducidas y límites a nuevas deudas especulativas- constituye no sólo una política social, sino una intervención estructural sobre las bases organizacionales de la economía popular. En información periodística (Alejandro Bercovich), se señala que las familias endeudadas tienen 90 días, con descuentos entre el 30 y el 90%, con tasa del 2% mensual (cuando las tasas actuales son del 15% mensual), para encarar sus deudas. Hasta 48 meses para la renegociación, con límites para las nuevas deudas, que implica el límite de 3 mil dólares. Es una política pública (de la que tanto reniegan los gobiernos neoliberales) para la gente que gana hasta 5 salarios mínimos. Se financia con un fondo jubilatorio, que para las familias implica que sus miembros no participen más en casas de apuestas.
La confrontación brasileña sintetiza una disputa mayor entre proyectos nacionales de reconstrucción productiva y las derechas transnacionales que buscan reinstalar esquemas de subordinación financiera y extractivismo neoliberal.
3. México: Ayuso, ultraderecha internacional y narrativa del narcoestado. La visita frustrada de Isabel Díaz Ayuso a México constituye un ejemplo paradigmático de la intervención simbólica de sectores ultraderechistas internacionales en América Latina.
Sus declaraciones enalteciendo a Hernán Cortés, denunciando supuestos autoritarismos mexicanos y caracterizando al país como “narcoestado” se insertan en una estrategia discursiva que busca erosionar la legitimidad de gobiernos progresistas mediante la criminalización política.
Estas narrativas no son nuevas. Ya durante procesos electorales previos en México se impulsaron campañas digitales bajo etiquetas como #NarcoPresidenteAMLO o #NarcoCandidataClaudia, apelando más a emociones y desinformación que a pruebas verificables. La operación Ayuso refleja la conexión entre derechas europeas y latinoamericanas en la producción de discursos de deslegitimación política, especialmente cuando proyectos nacionales cuestionan privilegios históricos o buscan redefinir relaciones internacionales. La postura del Partido Popular es elocuente en ese sentido: Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, ha tuiteado lo siguiente: “México tiene un Gobierno fascista. Y sufre a una presidenta totalitaria, aplaudida por una izquierda española que se echaría a la calle si un Gobierno en España hiciera la décima parte de lo que ella hace con quienes no piensan igual”.
Escribíamos hace casi dos años que “En la campaña político-electoral en México forma parte de la escena, sugiriendo que el presidente López Obrador tiene nexos con el narco. Esto está circulando en las redes sociales, por lo que seguro ha picado más de uno el anzuelo (véanse muchas comunicaciones que apuntan a tocar las emociones, insistimos, en este caso en la red X, bajo la consigna #NarcoPresidenteAML0 #NarcoCandidataClaudia). Odio mata prueba”. Las respuestas de la derecha son consistentes con esta historia, no se han dejado esperar. El PAN protagonizando esta ofensiva, recibiendo a Ayuso en Aguascalientes, y sin aclarar, en un hecho más que oscuro, la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua, entidad también gobernada por el PAN (operación bisagra y cortina de humo).
4. Narcotráfico, geopolítica y contradicciones estadounidenses. Las acusaciones judiciales contra figuras políticas mexicanas, como Rubén Rocha Moya, deben observarse también en un contexto más amplio donde el combate al narcotráfico se utiliza frecuentemente como herramienta política selectiva. Relacionemos esto con el delicado hecho de que dos agentes de la CIA estaban realizando actividades en Chihuahua, que operaban sin conocimiento oficial del Gobierno Federal mexicano en un operativo local.
Detalles de la postal. El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado ante un tribunal federal de EE.UU. de cargos relacionados con el narcotráfico, informó este miércoles el Departamento de Justicia estadounidense. Acusado de narcotráfico el 29 de abril de 2026, por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, por pruebas que son frágiles, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía mexicana. Se les acusa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. Formalmente, "Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos", informó el Departamento de Justicia en un comunicado. ¿Se trata solamente de un hecho jurídico, sin vínculos con lo político y el contexto electoral en América Latina y en Estados Unidos, en noviembre?
La contradicción más evidente emerge en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Condenado por narcotráfico (45 años de prisión) y señalado como líder de un narcoestado, fue posteriormente indultado por Donald Trump, liberándolo el 1 de diciembre de 2025, un mes antes de la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa y diputada, Cilia Flores, pese a la gravedad de los cargos acumulados por Juan Orlando Hernández.
Este hecho desnuda una inconsistencia estructural: mientras Estados Unidos sostiene discursos de guerra frontal contra cárteles latinoamericanos, simultáneamente protege o instrumentaliza a actores vinculados con dichas estructuras cuando ello favorece sus objetivos políticos regionales.
Las revelaciones sobre presuntas operaciones mediáticas financiadas para golpear gobiernos de izquierda -incluyendo acusaciones de articulación entre sectores republicanos estadounidenses, Hernández y Javier Milei- refuerzan la hipótesis de una coordinación transnacional conservadora orientada a contener proyectos progresistas en Colombia, México y otros países clave. “HondurasGate” en escena.
Así, el narcotráfico deja de ser exclusivamente un fenómeno criminal para convertirse también en categoría funcional dentro de estrategias de intervención política hemisférica.
5. Reflexionemos sobre la memoria histórica, la lejana conquista, la esclavitud y la persistencia de la violencia. Frente a discursos contemporáneos que buscan rehabilitar figuras coloniales como Hernán Cortés, resulta indispensable recuperar las voces históricas que documentan la brutalidad fundacional del orden colonial.
¿Habrá en las lecturas de Ayuso algo cercano a lo que rescata el historiador mexicano Miguel León Portilla?: “En los caminos yacen dardos rotos; los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y están las paredes salpicadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido, y si las bebíamos, eran agua de salitre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación”.
Esto es producto de la investigación histórica de Miguel León Portilla (I. Memoria mexica de la conquista). Esta escena de “desolación” es el correlato de la acción de los hombres de Castilla –huéspedes en ese momento- a un grupo de mexicas nobles en Tenochtitlan, en el contexto de la gran fiesta de Tóxcatl (1520), en la matanza del Templo Mayor. Multipliquemos esta escena en amplios segmentos poblacionales en esos tiempos.
Es cierto, esto ocurrió hace 506 años… pero ocurrió. El maltrato a la población negra se remonta a varios siglos atrás. Vinculemos esta vieja discusión histórica con lo sucedido el 25 de marzo de 2026, en la Asamblea General de la ONU, cuando se aprobó la resolución que declara la trata transatlántica de africanos esclavizados como el “crimen más grave contra la humanidad”, un texto impulsado por Ghana con el respaldo de 123 países. También recordemos que Estados Unidos, Israel y Argentina fueron los únicos tres países que votaron en contra.
Cerremos esta reflexión apuntando que la actual recomposición de las derechas globales frente a América Latina combina operaciones electorales, campañas mediáticas, judicialización, discursos de seguridad y alianzas internacionales que buscan frenar procesos de autonomía política y soberanía regional.
Colombia y Brasil constituyen hoy escenarios estratégicos de esta confrontación, mientras México aparece como laboratorio privilegiado de campañas de deslegitimación política articuladas internacionalmente.
La política exterior de Trump, particularmente en materia de narcotráfico, exhibe contradicciones profundas que revelan el uso instrumental de la seguridad hemisférica para fines geopolíticos antes que éticos.
Finalmente, recuperar las memorias de la conquista y de la esclavitud permite comprender que estas formas contemporáneas de dominación no son anomalías, sino expresiones renovadas de largas tradiciones históricas de subordinación, violencia e invisibilización. La defensa de América Latina exige, por tanto, no sólo disputar el presente político, sino también rescatar críticamente las memorias históricas que permiten desmontar los relatos legitimadores del poder.
PS. Palestina libre. Solidaridad con Saif Abukeshek, Thiago Ávila, Violeta R. Núñez Rodríguez, y tantas compañeras y compañeros de la “Global Sumud Flotilla”.
(Profesor UAM)
alexpinosa@hotmail.com
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