Cinco de siete. Con esa cuenta llega el Tribunal Electoral a un proceso donde se disputarán más de 19 mil cargos. Los críticos ya sacaron la calculadora; yo prefiero sacar la ley, la experiencia y los datos. Los tres dicen lo mismo: el TEPJF está listo. 

Estarán en juego más de 19 mil cargos públicos. En el ámbito federal, se renovarán los 500 escaños de la Cámara de diputaciones federales. En los Estados, estarán en disputa 17 gubernaturas, la integración de 31 congresos estatales (casi 1,100 diputaciones locales) y más de 18 mil puestos municipales. 

¿En qué condiciones enfrentará el TEPJF este desafío? Es cierto que, ante la conclusión del encargo de una magistratura y la reciente renuncia de otra, lo hará con cinco integrantes de siete.  

¿Esta situación es óptima? La respuesta es no. Pero ¿dicha condicionante impide que el Tribunal funcione y resuelva los medios de impugnación? Tampoco.

La ley y la experiencia lo demuestran. La ley prevé expresamente esta clase de situaciones: cuatro magistraturas son suficientes para que la Sala Superior sesione válidamente (art. 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

No estamos ante algo inédito. El Tribunal ha enfrentado otros procesos electorales federales con una integración incompleta y ha cumplido con creces su responsabilidad constitucional. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha operado con una integración incompleta en el pasado. Lo hizo durante 5 meses tras el fallecimiento del ministro Gudiño Pelayo en 2010 y durante 9 meses después del retiro del ministro Luis María Aguilar en 2024.  

Las vacantes no paralizan a los tribunales: mientras exista el quórum legal, las instituciones siguen funcionando y cumpliendo con sus deberes institucionales, de conformidad con el marco jurídico que les rige. 

Incluso, en 2023, la propia SCJN permitió al INAI sesionar con cuatro de sus siete integrantes para garantizar la continuidad de sus funciones. El ministro ponente de dicha resolución fue Javier Laynez Potisek. 

La capacidad institucional del TEPJF tampoco es cuestión de opiniones, sino de datos y hechos. En 2024, resolvió 40,426 asuntos. Las controversias electorales fueron atendidas y las autoridades electas pudieron asumir sus cargos en tiempo y forma. 

Las vacantes tampoco han detenido a las Salas Regionales del propio TEPJF cuando han tenido que realizar su función en esas condiciones. Durante el proceso electoral 2023-2024 hubo magistraturas vacantes cubiertas conforme a las reglas de suplencia y dichas Salas continuaron resolviendo miles de impugnaciones. 

No hay razones para suponer que dos sillas vacías paralicen a una institución con tres décadas de experiencia y con la capacidad técnica que ha demostrado en todos los procesos electorales en los que ha intervenido. 

Por otro lado, la independencia de los órganos judiciales electorales se demuestra resolviendo los casos que se someten a su consideración. El TEPJF ha dictado sentencias favorables y desfavorables para todas las fuerzas políticas.  

Las propias estadísticas lo demuestran: el PAN ha obtenido resoluciones favorables en 44.4% de sus asuntos; Movimiento Ciudadano, en 35.9%; el PVEM, en 35.3%; y Morena, en 34.3%. En todos estos casos, diversas fuerzas políticas demostraron tener la razón en los respectivos juicios. 

De cara al 2027, habrá controversias difíciles, presión política y decisiones que seguramente no dejarán satisfechos a todos. Para eso existen los tribunales, y el TEPJF no es la excepción. 

Un tribunal incompleto no es un tribunal a medias. El 6 de junio de 2027 habrá votos, habrá controversias y habrá sentencias. Y habrá quien las firme. 

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