En este conflicto de huelga -que ya rebasa los seis meses de existencia- se juega una pregunta muy importante para el país: ¿puede subsistir un sindicato democrático y un contrato de trabajo legítimo, frente a una patronal que lo considera un obstáculo? Uno de los logros de los gobiernos de la 4T fue la reforma laboral, sin embargo, con esta huelga se ve que no existe voluntad política de la autoridad para poner orden en este conflicto, lo cual contradice abiertamente los logros alcanzados por este gobierno en el mundo laboral.
1. La huelga. El Monte de Piedad tiene ya más de seis meses de huelga y no se ve en el horizonte que el conflicto se vaya a solucionar pronto. Se trata de un sindicato que agrupa a unos 1,800 trabajadores de base, pero el dato curioso es que hay otros 1,800 trabajadores de confianza, lo cual resulta bastante extraño. El Monte tiene unos 300 centros de trabajo a lo largo de todo el país.
2. Los agravios. El conflicto tiene una historia que se remonta por lo menos al año de 2020, cuando la directiva del Monte quiso acabar con el contrato colectivo de trabajo. En octubre del 2022 se despidió a varios líderes seccionales; y se intentó que no se legitimara el contrato. En 2023 se cierran 18 sucursales y se despide a todo el personal y durante tres años no hay un incremento a los salarios. En 2024 estalla una huelga y el sindicato acepta hacer diversas concesiones, desde la reducción de personal que pasó de 2700 a 1800 trabajadores, pasando por la ampliación de la jornada laboral, hasta la reducción de varias prestaciones. En 2025 se cometen diversas violaciones al contrato de trabajo y estalla la huelga actual.
3. El corazón del conflicto. El modelo de gobernanza del Monte de Piedad está estructurado como una institución híbrida, tiene un patronato que está en la parte superior de la pirámide, y se integra por siete personas, que son en su mayoría financieros: 1) Carlos Antonio Zozaya Gorostiza, 2) Pedro Romero de Terreros Gómez Morín, 3) José Antonio Palacios Pérez, 4) David Ricardo Suárez Cortázar, 5) Margarita Hugues Vélez, 6) Dionisio Hilario García Silva, 7) Alejandro Aguilar Ceballos, los cuales gozan de salarios enormes. Este grupo gobierna al Monte, pero no le rinde cuentas a nadie, actúa en completa opacidad. El Monte de Piedad no es una empresa privada, sino una institución de asistencia privada que no persigue fines de lucro y está regulada por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Además, de la opacidad, hay una contradicción: maneja un fondo social que no paga impuestos, pero se opera como si fuera propiedad privada.
4. El negocio. El Monte de Piedad es una fuente de riqueza que retribuye poco para sus fines sociales. Se calcula que gana unos doce mil millones de pesos al año y sólo distribuye un 2.3% de esa cantidad. Hace tiempo el Monte decidió dejar de aceptar enseres menores y se enfocó en joyas, autos y piedras preciosas, bajo la consigna de que los pobres no son negocio. Ahora con la huelga se puede preguntar por qué no hay prisa en llegar a un acuerdo y solucionar el conflicto, y la razón es que el Monte sigue cobrando intereses (entre un 45 y 80% anual) a sus prendatarios, como una empresa financiera y continúa ganando dinero.
5. Día del Trabajo. Con la proximidad del 1° de mayo el sindicato de trabajadores del Colmex ha propuesto que ese día la principal consigna del sindicalismo democrático sea apoyar la huelga del Monte de Piedad y exigir una solución. Quizá ya llegó el momento en que la autoridad deba poner orden y ayudar a solucionar el conflicto. Sin duda, urge terminar con la opacidad del patronato y sus privilegios. De lo contrario seguirá la simulación de una huelga que permite continuar con las ganancias financieras y con una gobernanza opaca y privilegiada, mientras el sindicalismo democrático del Monte apenas sobrevive y se le quieren cerrar todas las puertas. ¿Es hora de que este gobierno asuma su responsabilidad, y cumpla los compromisos de una reforma laboral que cada día parece más olvidada?
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