La impunidad huele a combustible

El anuncio se hizo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum: “59 millones de litros de combustible en Guanajuato fueron decomisados”. El funcionario favorito de Palacio Nacional, Omar García Harfuch, prometió que habría detenidos, pero… después. Sí, así de simple: un hecho informado como histórico no tenía detenidos porque, según la información que la Fiscalía General de la República habría proporcionado, “no había nadie en el momento del aseguramiento”.

Muchas preguntas surgieron entonces entre la prensa: “¿No había nadie en el predio? ¿Les dieron el pitazo? ¿Cómo se explica la operación de instalaciones similares a las de Petróleos Mexicanos? ¿A qué empresa pertenece ese predio? ¿Cómo es que las autoridades no advirtieron la construcción de instalaciones de tal tamaño?”. Como era natural, no hubo respuestas lógicas a los cuestionamientos de periodistas que durante años han cubierto la fuente de gobierno.

Bastaron un par de horas para que algunas inquietudes se despejaran, pero la respuesta no vino de las autoridades, sino de Grupo SIMSA, que mediante un comunicado público afirmó operar legalmente y contar con los permisos vigentes correspondientes; es decir, una planta de distribución autorizada.

Cualquiera que sea la explicación que dé posteriormente el Gobierno de México, no podrá justificar la serie de equívocos -intencionados o no- que ha tenido sobre el combate al huachicol. Se han anunciado decomisos y operativos para detener el tráfico ilícito de combustible, pero poca información hay al respecto.

Lo cierto es que este anuncio se da justo en la semana en que se dieron a conocer conversaciones de WhatsApp de legisladores de Morena con el ya conocido “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona, asesinado hace un par de años. En dichas conversaciones queda de manifiesto que encumbrados morenistas -hoy senadores, diputados, alcaldes y hasta el gobernador Américo Villarreal- habrían accedido al poder gracias al financiamiento ilícito que les otorgó Carmona y al encubrimiento de personajes como Adán Augusto López Hernández y Mario Delgado, entonces presidente de Morena.

Dicho patrocinio habría alcanzado también al expresidente López Obrador en su famosa “revocación de mandato”, así como a otros gobernadores que participaron en la elección de 2021: Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Marina del Pilar Ávila, de Baja California, Víctor Manuel Castro Cosío de Baja California Sur, Indira Vizcaíno de Colima y Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán, por mencionar sólo a algunos.

Muchos han sido los intentos del gobierno federal por desviar la atención de estos hechos. Ernesto Ruffo Appel es uno de los afectados, con procesos poco claros y acusaciones mediáticas que lo pretenden convertir en culpable sin elementos legales suficientes. También han revivido señalamientos contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien como es público, en agosto de 2020, informó al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el esquema de huachicol fiscal detectado en 2019 por el gobierno estatal. Meses antes, en julio de 2020, el exgobernador entregó a la Secretaría de Gobernación por oficio, un informe detallado sobre el entramado de los grupos criminales, operaciones aduaneras y el contrabando de combustible en la frontera norte.

Tampoco sobra decir que muchos indicios apuntan al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, cuyos sobrinos hoy detenidos, han asegurado a través de sus abogados, ser los chivos expiatorios de un negocio que difícilmente podría ejecutarse sin la participación de los más altos mandos del gobierno federal.

Ojeda Durán, dicen en la Fiscalía General de la República (FGR) no ha sido localizado para comparecer por estos hechos, pero curiosamente, los medios han dado a conocer, que sí se le puede encontrar en campos de golf disfrutando de la impunidad que le otorga el poder obtenido por esos mismos medios y con esos apoyos.

La presidenta de México repite una y otra vez que no habrá impunidad, que se castigará a todo aquel vinculado a estos delitos. Pero si el gobierno federal quiere en realidad evitarla, debería empezar por buscar entre los miembros de la transformación que están a la vista de todos, aunque cuentan con la “ceguera permanente” del oficialismo.

El gobierno de México se ha empeñado en generar desinformación e incertidumbre en el tema que más daño les ha causado. Porque, lo acepten o no, el huachicol ya no es sólo una red de robo o contrabando de combustible: es el espejo de una complicidad política que el oficialismo pretende ocultar con discursos, distractores y promesas de castigo que nunca alcanzan a los suyos.

Activista política

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