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El gobierno de México ha emprendido medidas para reducir los casos de maltrato a detenidos, aunque “queda mucho por hacer para que la tortura y otros tratos crueles sean erradicados”, admitió en Ginebra la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado.

En el primer día del examen periódico ante el Comité contra la Tortura de la ONU, Delgado aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es ajeno a “las condiciones que enfrentan las personas privadas de su libertad en México y la falta de sanciones efectivas para quienes cometen tortura”.

Además, “escuchamos inquietudes manifestadas por la conformación de la Guardia Nacional”, nuevo cuerpo de élite propuesto por López Obrador que algunos grupos de derechos humanos ven con temor, ya que consideran que puede militarizar aún más las fuerzas de seguridad y con ello aumentar los abusos a los detenidos.

Sobre esta controversia, Delgado señaló al comité que durante la reciente visita a México de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se firmó un acuerdo entre su oficina y el gobierno mexicano para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación de este cuerpo.

Ante las acusaciones de que la Ley General contra la Tortura, que está en vigor desde 2017, no se aplica todavía en buena parte de México, la representante de la Cancillería argumentó “dificultades en materia de coordinación y homologación de políticas” debido a la estructura federal del país con amplia autonomía para cada estado.

Delgado prometió que el gobierno de México trabajará para la adopción general de esta ley como uno de los pilares fundamentales para reducir la tortura y que otra herramienta será “la transición de una Procuraduría General de la República, dependiente del Poder Ejecutivo, a una fiscalía general [autónoma]”.

En el turno posterior de preguntas, el presidente del Comité contra la Tortura, Jens Modig, recordó que estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informaron de 7 mil 869 denuncias por tortura, en las cuales el perpetrador más frecuente era la misma Procuraduría General de la República.

También aludió los casos de desapariciones forzadas —con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 que generó condena internacional— y señaló que según el ministerio del interior de México todavía se desconoce el paradero de 37 mil 400 personas desaparecidas desde 2006.

Pide ONU atender casos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró que los casos de tortura en México ocurren sistemáticamente y representan un problema grave, por lo que pidió al gobierno mexicano atender la situación de inmediato y dar respuesta a los cuestionamientos que asociaciones civiles han hecho sobre el tema.

En una reunión celebrada ayer en Ginebra, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas recordó que durante 2012 emitió una serie de recomendaciones a nuestro país para evitar que se siga cometiendo ese crimen, pero que las autoridades no atendieron esas sugerencias.

“No obstante, en los avances en materia de legislación contra la tortura, el comité debe anotar que sigue existiendo una alta incidencia de tortura y malos tratos en México”, comentó Diego Rodríguez Pinzón, miembro del Comité Contra la Tortura.

La reunión del Comité Contra la Tortura se realizó como parte del séptimo examen periódico que ese organismo internacional hace sobre nuestro país. En esta evaluación estuvieron presentes organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos, quienes brindaron un panorama general sobre este crimen.

“Los miembros de la ONU estuvieron a la escucha de las asociaciones porque coinciden en que la tortura es una situación grave, a pesar de que ha habido cambios legislativos importantes”, compartió Mariana Castilla Calderas, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

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