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Debido a que una mujer detenida en Tijuana, y que contaba con la nacionalidad mexicana y la estadounidense, fue detenida de manera arbitraria y deportada a Estados Unidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, y al presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
La CNDH informó que acreditó violaciones a los derechos humanos a la nacionalidad, a la libertad y seguridad personales, a la seguridad jurídica, así como a la privacidad y protección de datos personales.
La comisión detalló que cuando la mujer circulaba por el periférico de Tijuana, a bordo de un vehículo de su propiedad, fue detenida en un “punto de control policial”, y le solicitaron identificarse, por lo cual entregó su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y les mencionó que también tenía la nacionalidad estadounidense.
El organismo señaló que al revisar sus antecedentes en una base de datos, contaba con orden de aprehensión emitida por autoridades estadounidenses, y sin acreditar alguno de los supuestos establecidos en el artículo 16 constitucional para la detención de una persona, fue presentada como extranjera ante un juez municipal, quien no la entrevistó para informarle sobre su situación legal.
La CNDH informó que las autoridades municipales permitieron se le fotografiara, proporcionaron detalles de su detención y se le señaló como responsable de la comisión de un ilícito, lo cual fue publicado en diversos medios de comunicación, por lo que la víctima sufrió afectación de su fama pública, violándose sus derechos a la privacidad y a la protección de sus datos personales.
En la investigación se encontró que a la detenida se le condujo a la garita internacional Tijuana-San Diego, donde se le siguió un proceso penal, por lo que permaneció en un centro de detención durante 60 días.
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