Informe de ONU-DH sobre Ayotzinapa no tiene sustento: Segob

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El gobierno de México acusó ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, que el informe sobre violaciones a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, presentado en marzo por el representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, carece de “mérito, rigor metodológico y sustento jurídico”.

Además de que sus conclusiones “fueron prematuras” y advirtió que “podrían afectar el resultado” de los casos relativos a la tortura a detenidos.

En el documento titulado Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, publicado el 15 de marzo pasado, Jan Jarab aseguró que 34 de las 129 personas detenidas por la desaparición de los 43 normalistas, fueron torturadas por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR), Marina y de la Policía Federal.

A ello, la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) respondieron mediante un comunicado conjunto que de acuerdo con los dictámenes en 26 casos no hay evidencia de tortura; dos resultaron con tortura física, pero no sicológica; cuatro personas no aceptaron la aplicación del protocolo de Estambul; y uno está pendiente de emisión.

En las observaciones al informe entregadas ayer a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, encabezada por Zeid Ra'ad Al Hussein, la PGR aseguró que “no tomará en cuenta las pruebas que pudieran haber sido obtenidas a través de la comisión de actos de tortura, debidamente comprobadas, para el seguimiento del caso y la integración de las respectivas causas penales”.

En el documento de 77 puntos, la dependencia a cargo de Alberto Elías Beltrán señaló que en abril de 2016 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), a través de la ahora Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), inició 27 averiguaciones previas en las cuales se encuentran relacionadas 128 presuntas víctimas de tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias, entre otros.

“En éstas existen elementos de prueba técnicos, científicos, testimonios y documentos que, en conjunto, dan claridad y certeza sobre el actuar de las autoridades que realizaron las detenciones. Dichos elementos fueron apreciados en su momento por la autoridad judicial, quien tiene la obligación de calificar la detención de las personas”.

Respecto a las diligencias en el río San Juan de Cocula, en la que según el informe de la ONU-DH se cometieron irregularidades, la PGR recordó que la Visitaduría General inició un expediente con la finalidad de analizar la supuesta ausencia de registro de la diligencia, falta de registro de la detención y la sustracción ilegal de un detenido.

“Actualmente los procedimientos de sanción a los servidores públicos se encuentran suspendidos por mandato judicial, en tanto los tribunales no emitan su sentencia definitiva”.

Insistió en que al publicar el informe, la ONU-DH incumplió el acuerdo entre las partes sobre la continuidad de sus actividades en México, además, acusó que se desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto.

La PGR reiteró su disposición de agotar todas las líneas de investigación en el caso Iguala y de continuar trabajando con el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para arribar a conclusiones en el caso en el presente año.

“El Estado mexicano es el primer interesado en asegurar que se haga justicia en el presente caso, por lo que se reitera que todas las recomendaciones están siendo atendidas, incluso antes de la publicación del informe, y constituyen parte importante del trabajo en marcha de la PGR, no sólo en lo que toca al presente caso, sino en general, para la efectiva prevención y erradicación de la tortura en México”.