Necesario, discurso de pacificación por violencia, afirman

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El cambio a un discurso pacificador como el que propone el gobierno del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, era necesario, coincidieron representantes de organizaciones civiles, pero afirmaron que el proceso será diferente a los que se han vivido en países de Latinoamérica y África, debido a la situación de México.

Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), mencionó que tras 12 años de la guerra contra la delincuencia organizada, en la que se usó a las Fuerzas Armadas para las labores de seguridad, un cambio hacia una estrategia pacificadora es más adecuado para resolver la situación, aunque indicó que la solución no será de un día para otro.

“A nosotros nos parece que el discurso de pacificación y, últimamente como se ha dicho, la posibilidad de construir una política de justicia transicional, sin duda sería un camino mucho más adecuado para hacerle frente a ese problema”, destacó.

Añadió que “si se habla de una estrategia de pacificación a partir de un paquete integral de justicia transicional tienes por lo menos que tener cuatro pilares: uno sería la construcción de procesos de verdad; es decir, tenemos que partir de reconocer la dimensión del diagnóstico de crisis y de realidad; segundo, en justicia, tiene que haber reformas institucionales que permitan que la ciudadanía pueda acceder a instituciones del Estado, que investiguen y persigan a quienes tengan que hacerlo.

“El tercero tendrá que ver con las políticas públicas que atiendan la prevención del delito, la reconstrucción del tejido social, los temas de la pobreza y la desigualdad y, en la última etapa, las medidas de no repetición, que son todas las reformas que serían necesarias para evitar que en cinco o 10 años esto vuelva a suceder”, planteó el director del Centro Prodh.

Alberto Solís, director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), dijo que con la alternancia se abren oportunidades políticas para mejorar en temas que la sociedad civil había mencionado anteriormente, como “la necesidad de un abordaje distinto del tema de seguridad, de violencia, la posibilidad de avanzar hacia una posibilidad de justicia transicional”.

Recordó que “son cambios de largo aliento, la situación de inseguridad tan desproporcionada que vive el país es imposible que cambie de un momento a otro, pero si logramos aprovechar las oportunidades políticas que se presenten en este nuevo contexto podremos sentar las bases de un cambio que se vaya dando de manera gradual”.

José Pablo Girault Ruiz, tesorero de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), aseguró: “Es muy loable que quieren cambiar el enfoque, se me hace excelente noticia que quieran intentar cosas nuevas y que quieran dejar esta guerra inútil contra el narcotráfico y atacar más en el negocio, siempre entendiendo que es un juego de dureza, de aplicar la ley al que sea y cómo sea, y también de reconciliarse con los que son no tan graves elementos.

“Si implementan todo lo que dicen, la justicia transicional, la amnistía, pero en un marco de confesión y de enfrentar consecuencias, aunque sean sociales, se me hace excelente”, precisó.

Coincidió en que los resultados no se verán a corto plazo e indicó que va a ser un trabajo de prueba y error; sin embargo, si el nuevo gobierno logra implementar su estrategia habrá muchos beneficios para el país, porque si no hubiera inseguridad aumentaría la inversión, crecería la economía y eso se vería reflejado en bienestar para la sociedad.

Respecto al uso de los discursos de paz en el mundo, “donde ha funcionado mucho es en los países en los que hay conflicto transicional o de lucha, de cambio de un régimen a otro o de guerra civil. Hay países de Centroamérica y Sudamérica, de África, en los que ha habido cambios y entonces se usan estos tipos de justicia. Por ejemplo, el cambio de régimen en Sudáfrica, el fin de la guerra en Colombia o El Salvador, en donde se usan estos procesos de pacificación masiva y de cambio. En México es un poco distinto, porque en realidad la descomposición ha sido del sistema político, no hubo una revolución real ni fue una guerra civil”.

La participación de la Iglesia. Para Elio Masferrer Kan, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), la participación de religiosos en el proceso de “reconciliación” planteado por Andrés Manuel López Obrador no atenta contra el Estado laico ni se está creando una “religión de Estado”, sino que es un reconocimiento a la “autoridad moral”, que aún conservan dentro de la población, en la que más de 80 millones de mexicanos se definen como católicos, así como a su capacidad de diálogo con distintos actores de la sociedad.

“La Iglesia continúa siendo un sector importante, no podemos cerrar los ojos a la influencia que tiene el clero en la vida política, lo vimos en abril cuando los candidatos presidenciales fueron a desfilar ante los obispos en la reunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano [CEM], a presentarles su plan de gobierno, o los llamados de los obispos, incluso del propio Carlos Aguiar Retes exhortando a la población a votar”, expresó.

Jorge Traslosheros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, consideró que se deben plantear objetivos y metas, tanto del proceso de reconciliación como del papel que van a jugar los religiosos, a fin de evitar el fracaso y que esta inclusión se limite a las declaraciones.

“Tendrá que haber un programa muy claro para ver qué es lo que se busca, quiénes son los interlocutores, con quién se va a dialogar, qué grupos se van a reconciliar y esa es la parte que veo abstracta. No está bien planteado, no se sabe hacia a donde va y en esos términos sería riesgoso, incluso hacer alguna comisión, se debe ir sobre objetivos muy específicos”, destacó.