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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró elementos suficientes para determinar que hubo violaciones a los derechos humanos de 89 personas en la manifestación del 20 de noviembre de 2014 en apoyo a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El organismo emitió una recomendación por esos hechos al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán; al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Se trata de dos hechos: el primero ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el otro en un desalojo de la plancha del Zócalo capitalino.

En la recomendación 57/2017, la CNDH sostuvo que hubo violación a los derechos, a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad personal, a la integridad personal, al principio del interés superior de la niñez, a los derechos al trato digno, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, y a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión.

Dijo que se acreditó el uso indebido de la fuerza que derivó en la afectación a la integridad y seguridad personal de diversas víctimas, atribuible a los elementos de la Policía Federal y de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Pidió a la PGR integrar la carpeta de investigación; a la Comisión Nacional de Seguridad, que repare el daño a las víctimas, y al jefe de Gobierno de la CDMX atención médica y sicológica a los afectados.

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