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Hay “temor” entre ministerios públicos, policías, jueces, defensores públicos y privados de aplicar el sistema de justicia penal acusatorio por falta de capacitación, alertó el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Acusatorio de la Procuraduría General de la República (PGR), Rommel Moreno.

En el Congreso Internacional Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia Penal, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el funcionario afirmó que el miedo a cometer un error y no saber cómo realizar un procedimiento está presente en todos los operadores, sobre todo, consideró, en los juzgadores.

“Sobre todo me quisiera enfocar a la parte del juez. Hoy en este país el juez, de alguna manera en el principio de inmediación, no tiene claro lo que significa la fundamentación y motivación desde el sistema acusatorio”, expuso.

En la mesa denominada ¿Quién Teme al Código Nacional de Procedimientos Penales?, el ex procurador de Baja California comentó que los jueces son asesorados por un grupo de personas que valoran lo que sucede durante las audiencias.

“Detrás de los jueces hay un staff que está valorando lo que sucede en la audiencia. El temor es si serán los jueces capaces de determinar sin esta ayuda, sin este staff, y prácticamente empezar a visualizarlos si en el principio de inmediación o los recesos que se dan en las audiencias serán necesarios”, fustigó.

Aunado a ello, el ex fiscal manifestó su preocupación por los policías, pues 400 mil elementos están pendientes de capacitar en la figura de primer respondiente, “y los asesores víctimales, que son pocos los que están acudiendo a las audiencias. Aunados a ellos están los defensores públicos y privados; estos últimos participan poco en las audiencias y por lo tanto hay un miedo natural ante la consistencia de los defensores públicos, que han recibido más capacitación”, expuso.

Dijo que los ministerios públicos tienen miedo de aplicar criterios de oportunidad, “tomar decisiones y enfrentar las audiencias de juicio oral porque no tienen las capacidades para hacer en todo caso la justificación de una solicitud ante el juez correspondiente en lo que concierne a la prisión preventiva oficiosa”.

Rommel Moreno sostuvo que el desconocimiento entre la sociedad mexicana, acostumbrada a que todos los delitos se deben castigar con cárcel, genera rechazo a las nuevas normas jurídicas.

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