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La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará hoy si los jueces pueden o no establecer cuánto tiempo debe pasar una persona en la cárcel dependiendo de su grado de culpabilidad al cometer un delito.
El proyecto de sentencia está a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien de entrada consideró que cuando un juez dicta sentencia, en la que fija el grado de culpabilidad del sujeto y con base en ello establece la pena que deberá cumplir, su decisión es inconstitucional.
Esto, debido a que a juicio de la ministra se vulnera el principio de reinserción social, porque al fijar la pena no se analizan las características específicas del delito, sino de quién lo cometió, lo que resulta contrario a la reforma por la que se creó el nuevo sistema penal acusatorio.
El caso derivó de un amparo promovido por un sujeto acusado de secuestro exprés, delito por el que se le sentenció a 27 años y seis meses de prisión y al pago de 151 mil 402.50 pesos.
La pena de prisión fue calculada por el juez de la causa tomando en cuenta el principio de la media aritmética, que es la octava parte entre la pena mínima y máxima que se impone en la Ciudad de México al delito de secuestro exprés.
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Énfasis en reinserción. Piña propuso que, según las reglas derivadas de la reforma constitucional de 2008, las penas impuestas a quienes resulten responsables de la comisión de un delito deben ser tendientes a su reinserción social.
En consecuencia, deben ser impuestas tomando en consideración las características del delito y la afectación que éste produjo en la sociedad, y no a las características del imputado.
“El Estado debe valorar los resultados de una serie de estrategias que faciliten la reintegración del individuo a la sociedad, apoyándose para ello en el respeto de los derechos humanos dentro del presidio, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte”, agregó.
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De este modo, la reforma penal establece que la delincuencia es un fenómeno social y no individual.
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