CNDH emite recomendación a FGR, SSPC y municipio de Iguala por tortura

Por un caso de tortura y violación cometido por elementos de la Policía Federal , así como por no atender la denuncia de la víctima , la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 19VG/2019 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y al presidente municipal de Iguala.

Personal médico y psicológico de la CNDH comprobó que elementos de la Policía Federal provocaron a una persona alteración en su integridad física y emocional con motivo de la tortura y violencia sexual infligida posterior a su detención. Por ese motivo, la dependencia federal emitió la recomendación a la SSPC por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad.

Asimismo, la CNDH también comprobó que miembros de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) no iniciaron una averiguación previa por el delito de tortura, a pesar de que la víctima denunció los hechos ocurridos en el 2015 ; en tanto, la FGR omitió darle seguimiento al caso a pesar de que tenía conocimiento de éste.

Por esta razón, la CNDH emitió una recomendación a la FGR por la violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia. Y también este mismo señalamiento se hizo al gobernador municipal de Iguala , Antonio Salvador Jaimes Herrera , ya que un médico de ese ayuntamiento señaló que la víctima no había sido torturada y abusada, a pesar de que sí presentaba lesiones que lo comprobaban.

Entre las recomendaciones que la CNDH hizo a las autoridades señaladas está reparar integralmente el daño al agraviado y a su esposa, así como otorgarle una compensación en términos de la Ley General de Víctimas.

También pidió a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, continuar con la debida integración de la averiguación previa correspondiente, y al gobernador de Iguala colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que formule en contra del médico legista que revisó a la víctima.