Avalan consulta de seguridad pública

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Con la ausencia de la oposición, incluido el partido Encuentro Social (PES), los diputados del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza avalaron la consulta popular sobre el modelo actual de seguridad pública, respecto a las policías en los estados y municipios.

La pregunta que se propone para la consulta es: “¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que, de acuerdo con distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?”.

En caso de que el Senado ratifique la consulta, será turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para su revisión y de ser avalada se regresará al Congreso para que emita la convocatoria, que debe realizarse el mismo día de la jornada electoral federal, de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular.

Los priístas sacaron la consulta con 250 votos, toda vez que al inicio de la sesión se registró un quórum de 251 legis-ladores, de los cuales 197 votos fueron del partido tricolor, 38 del PVEM, 10 del Panal, tres del PES, así como un voto de la diputada independiente María del Rocío Zazueta Osuna y del diputado Manuel Espino.

El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, aclaró que las bancadas del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano (MC) registraron cero votos y puntualizó que con la asistencia del diputado Refugio Trinidad Garzón (PES), se logró el quórum para iniciar la sesión.

De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, la SCJN revisará que la pregunta propuesta derive directamente de la materia de la consulta, no sea tendenciosa ni contenga juicios de valor, emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

Especifica que la Corte puede realizar las modificaciones conducentes cuando la pregunta no cumpla con dichos criterios, para garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con lo estipulado.

El dictamen dice que el sistema de seguridad pública en México, por el tamaño de su territorio y el número de su población, se ejerce a través de una multiplicidad de instituciones que responden cada una a los distintos órdenes de gobierno y poderes.