SCJN, con pendientes por resolver

Aunque no tienen un plazo definido para dar su fallo, los ministros arrastran una larga lista de temas por discutir para dar su determinación

SCJN, con pendientes por resolver
Debido a que el Covid-19 obligó a la Corte a suspender actividades por algunas semanas, desde abril los ministros reanudaron las sesiones del pleno y de las salas por videoconferencia. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Nación 25/09/2020 03:57 Diana Lastiri Actualizada 04:19

Uso de la fuerza, Guardia Nacional, militarización de la seguridad pública y las reglas para el registro de detenciones son algunos de los temas que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen pendientes de analizar.

Aunque la Corte no tiene términos específicos para resolver los casos que conoce, la agenda de los ministros ya contempla la mayoría de las reformas legales que ha realizado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que el Covid-19 obligó a la Corte a suspender actividades por tres semanas, a partir de la segunda semana de abril los ministros reanudaron sesiones de pleno y salas por videoconferencia, que son transmitidas en vivo, y el Máximo Tribunal en general cambió su dinámica de trabajo.

Raúl Mejía, investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, comentó en entrevista que esta dinámica de sesiones en línea y trabajo a distancia que mantiene la Corte tiene pros y contras.

“Una parte virtuosa, que yo creo que ya era hora y que ojalá se quede, es que no están dando audiencias. Tal vez esta sería una oportunidad de terminar con las audiencias, porque se presta a mucha especulación. Esta cancelación de audiencias da más garantía de imparcialidad”, comentó el investigador.

Otro punto positivo es la normalización del litigio en línea, aunque el problema con las sesiones virtuales es que no se sabe qué tanto discuten los ministros en privado y que esto abona a la opacidad en cuanto a los tiempos de resolución.

“Esto no ayuda en nada a la transparencia. Creo que el trabjo de la Corte se ha hecho más opaco en particular con el listado de asuntos y este tipo de cosas”, dijo.

Mejía fue secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz y como extrabajador de la Corte lamentó que la pandemia provoque que el personal no tenga la dinámica de intercambio de ideas que había antes.

Julio Ríos, investigador del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE), se dijo sorprendido por la rapidez con la que los ministros de la Corte se adaptaron a la nueva normalidad y al trabajo virtual pese a que esta modalidad no es la ideal.

“Me ha sorprendido que, dentro de todo, se han adaptado bastante rápido. No es ideal, pero dadas las circunstancias de todos modos las sesiones públicas cuando eran presenciales eran muy armadas. Tampoco es que veamos una gran deliberación ahí, sino que los ministros llegan con sus posicionamientos habiendo leído el caso. En ciertos sentidos, es igual”, afirmó.

Reconoció que hay una percepción de que los casos importantes para el gobierno no están avanzando o están resolviéndose otros asuntos, pero indicó que esto puede deberse a la complejidad de los temas o porque no hay consenso entre los ministros para presentar los proyectos.

Desde el año pasado, la Corte admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las leyes nacionales sobre uso de la fuerza, registro de detenciones, de la Guardia Nacional y del Sistema Nacional de Seguridad.

En todas, la CNDH argumentó que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo porque no regularon elementos mínimos e indispensables establecidos en la Constitución para el contenido de estos ordenamientos.

Los asuntos fueron turnados a un solo ministro debido a la correlación que hay entre ellos. Inicialmente fueron enviados a la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, pero luego de su renuncia en octubre de 2019 correspondió al ministro Javier Laynez Potisek conocerlos.

Laynez también tiene pendiente la resolución de cuatro controversias constitucionales por el conflicto del agua de la presa La Boquilla, que le llegaron en abril de este año.

También en 2019, la ministra Yasmín Esquivel Mossa admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH y los senadores de la oposición contra la reforma a la Ley de Salarios publicada en abril de ese mismo año.

Esta ley fue controvertida debido a que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, lo que implicó reducciones salariales en toda la burocracia mexicana.

La primera Ley de Salarios fue emitida en noviembre de 2018 y también llegó a la Corte, donde el ministro Alberto Pérez Dayán propuso invalidarla en su totalidad.

Sin embargo, el 12 de abril fueron reformados 17 artículos de la ley, más de 50% de la misma, lo que provocó que los ministros sólo pudieran invalidar los artículos en los que no se establece cómo se fijará el salario del presidente de la República y del resto de los servidores públicos.

Con esa reforma de abril, los ministros consideraron que se trató de un nuevo cuerpo normativo que se debía impugnar con nuevas demandas, lo que llevó a la CNDH y a los senadores a tramitar las acciones de inconstitucionalidad que Esquivel Mossa deberá resolver.

También llegó a la Corte la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández tiene entre sus expedientes la demanda presentada por senadores de la República y la Comisión Federal de Competencia Económica contra la Ley de Austeridad Republicana que impide a quienes ocupen altos cargos en la administración pública trabajar en la iniciativa privada durante 10 años después de concluir sus funciones en gobierno.

Este año, la Corte también admitió a trámite una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la reducción de los tiempos fiscales para la radio y la televisión.

La ministra Margarita Ríos Farjat resolverá la controversia constitucional por el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Desde junio pasado la Corte avaló que funcionarios del Banco de México, el INE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones reciban salarios más altos que el del presidente de la República.

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