Revisan cuentas de Robles y de 50 empresas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analiza las cuentas bancarias de la exsecretaria Rosario Robles Berlanga, 50 empresas y una red de servidores públicos involucrados en el caso conocido como Estafa maestra.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no debe haber protección para nadie en este caso y que lo que resulte de las indagatorias no tenga límite.

“Lo que resulte de la investigación, sin límites. Todos los que puedan estar implicados, se manda a declarar y de esa forma van saliendo hipótesis, y se siguen las investigaciones para que haya justicia y se tome en cuenta a todos los implicados. Que no haya protección para nadie, pero eso corresponde a la fiscalía y a nosotros, aportar toda la información”, aseguró.

En reunión con medios, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que hasta el momento no se le han congelado cuentas bancarias a la extitular de Sedesol y Sedatu.

“Estamos, como instruyó el Presidente, analizando en este momento la información que presentó el sistema financiero, para efecto de poder colaborar en la investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y por supuesto proceder conforme a nuestras facultades legales”.

El funcionario expresó que no sólo se indagan las cuentas de la extitular de Sedesol, sino también una red de exservidores públicos cuyos datos no puede revelar por la secrecía de las investigaciones.

Señaló que además están analizado las cuentas de 50 empresas relacionadas con la Estafa maestra y aseguró que se cumplirá con la orden del presidente López Obrador de que se llegue hasta las últimas consecuencias en este caso.

Más tarde, al recibir un reconocimiento de la Asociación Nacional de Locutores, Nieto Castillo precisó que se alista el bloqueo de cuentas de seis funcionarios involucrados en el caso, pero que entre éstas no está la de Robles Berlanga.

“Estamos analizando a seis servidores públicos para efectos de presentar, en su caso, las denuncias ante la FGR y generar los bloqueos de cuenta, pero estamos en el proceso de análisis (…) en este momento no han sido bloqueadas las cuentas de Rosario Robles, ya que se está analizando y ajustando el procedimiento establecido en la ley de instituciones de crédito”.

Este lunes, la FGR solicitó a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, una audiencia inicial para imputación y vinculación contra Robles Berlanga.

De acuerdo con el oficio UEIDCSPCAJ-217/2019, la FGR solicitó citar a Robles Berlanga para imputarle el ejercicio indebido del servicio público derivado de la carpeta FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 relacionada con el caso de la Estafa maestra.

Teniendo como origen el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas 2013 y 2014, la Estafa maestra es una red estratégica de desvío de recursos públicos que involucra al menos a 11 dependencias, como la Sedesol, SCT, Banobras, Pemex e incluso a ocho universidades públicas, así como a servidores públicos de distintos niveles de gobierno, en el desvío de más de 3 mil millones de pesos.

El modus operandi empleado en estos presuntos desvíos consistió en la asignación de contratos de forma irregular para la realización de servicios, donde dependencias federales recurrieron a ocho universidades públicas para hacer contrataciones por supuestos servicios, mismos que la ASF comprobó, por medio de auditorías, que no se cumplieron.

Las instituciones educativas subcontrataron a 186 empresas, de las cuales 128 eran ilegales o fantasma, puesto que carecían de infraestructura y capital para cumplir con algún tipo de servicio.

Algunas de las universidades señaladas son la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Instituto Superior de Centla, y la Universidad de Campeche. Entre los funcionarios implicados se encuentran Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de Sedesol, y Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y Presupuestación, también de esa dependencia.

“Se violan mis derechos”. Ante estas acusaciones, Rosario Robles aseguró que la FGR viola sus derechos y el debido proceso al filtrar a la prensa que existe una investigación en su contra.

En una carta a medios precisó: “En efecto, fui citada para comparecer el día 8 de agosto a un juzgado federal, sin que en dicho citatorio se establezcan las causas ni los hechos que se me imputan, minando con ello mi capacidad de defensa”.

“Como siempre lo he hecho, actuaré con absoluto respeto a la ley y a las autoridades judiciales. Siempre he dado la cara y así lo seguiré haciendo”.

En entrevista, Julio Hernández Barros, abogado de Robles Berlanga, aseguró que su clienta es inocente: “En sus largos años de servidora pública no ha habido ninguna conducta que pudiera suponer que ha violado alguna ley”.

Informó que presentó un amparo contra cualquier posible detención que las autoridades emitan en su contra en los juzgados federales de la Ciudad de México.