PRI busca que Ejecutivo transparente su salud

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La bancada del PRI en la Cámara de Diputados impulsa una reforma constitucional para que, en la apertura del periodo ordinario de sesiones de cada septiembre, el presidente en turno presente ante el pleno un informe médico, en versión pública, sobre su estado general de salud.

A través de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, se busca también que todos los secretarios de Estado del gabinete presidencial den a conocer su informe médico en versión pública.

Esto en conformidad con los artículos 69 y 93 de la Constitución, que obligan al Jefe del Ejecutivo y a sus secretarios a rendir informes ante el Congreso sobre el estado que guarda la nación en sus ramos.

Además, en esta reforma que impulsa el tricolor, se describe que el Palacio Legislativo podrá solicitar un nuevo informe médico, fuera de los términos de los artículos 69 y 93, cuando exista interés público o sospecha de enfermedad grave del presidente de la República o de algún secretario de Estado.

Para poder solicitar este nuevo informe, debieron haber transcurrido, al menos cuatro meses del último y dicha solicitud deberá realizarse por 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados.

“Recibir el informe médico en versión pública sobre el estado general de salud del Presidente de la República y los secretarios de Estado en términos de los artículos 69 y 93 de esta Constitución.

“La Cámara de Diputados podrá solicitar uno nuevo fuera de los términos establecidos en los artículos 69 y 93 de esta Constitución, cuando exista interés público por parte de la ciudadanía o sospecha de enfermedad grave del Presidente de México o de alguno de los secretarios. Siempre y cuando hayan transcurrido al menos cuatro meses del último informe médico enviado.

“Dicha solicitud deberá realizarse por 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados”, establece el agregado que se le pretende hacer al artículo 74 constitucional.

En su exposición de motivos, la priista detalla que la justificación que se esgrime para tener acceso a información que, de otra manera, sería invariablemente considerada como confidencial, estriba en la posible afectación para el desempeño del encargo que, en el caso del presidente, concierne a su capacidad real de conducir asuntos de la mayor importancia para más de 100 millones de personas.