Solicita hija de Robles audiencia con fiscal

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, solicitó ayer una audiencia al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para tratar temas relacionados con el caso de la exsecretaria, presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019.

A través de sus redes sociales, la exdiputada local difundió la petición que entregó a la Oficina del fiscal, en la que llamó a Gertz Manero a intervenir, a fin de que el Ministerio Público federal respete el debido proceso y la presunción de inocencia en el caso contra su mamá por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.

“La intención de esta entrevista es solicitarle su intervención para que se respete y se garantice, por parte de la representación social que recae en el Ministerio Público, el debido proceso y la presunción de inocencia en apego a lo establecido en los preceptos del actual sistema penal, así como en la Carta Magna y tratados internacionales de los derechos humanos”, indicó.

Lo anterior, señaló Moguel Robles, “apelando a su alta investidura y al profesionalismo [de Gertz Manero] que ha caracterizado su trayectoria, así como a la obligación consagrada en el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución para todos los servidores públicos”.

Apenas hace dos días, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, desechó la demanda de amparo que la exsecretaria federal interpuso contra el juicio político que se le inició en la Cámara de Diputados por el presunto desvío de recursos públicos en la llamada Estafa maestra.

La defensa de la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) interpuso el recurso el pasado 20 de diciembre contra el proceso.

Tres días antes, el 17 de diciembre, Julio Hernández Barros, abogado de la exfuncionaria en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que consideró una “constante violación” a sus derechos humanos por parte del Ministerio Público federal, institución a la que señala de haber fabricado pruebas para mantenerla en prisión preventiva.