Senado avala en lo general la ley de comunicación social

Las bancadas del PRI y PVEM en el Senado llevaron adelante la Ley General de Comunicación Social , al conseguir su aprobación en lo general, luego de cuatro horas de discusión con la oposición alineada del PAN, PT, PRD y algunos legisladores independientes, que acusaron que se trata de una legislación que dejó fuera aportaciones de la sociedad civil.

Luego de que se registraron 60 votos a favor del proyecto de decreto que llegó de la Cámara de Diputados , 46 en contra y una abstención, el presidente en turno de la mesa directiva, César Octavio Pedroza Gaitán (PAN), inscribió a siete senadores para la exposición, en paquete de sus reservas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en noviembre que el Congreso de la Unión era omiso en la expedición de una ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución y dio como plazo hasta el 30 de abril próximo para legislar en la materia.

La Cámara de Diputados legisló el tema con el nombre de Ley General de Comunicación Social, sólo con votos del PRI, PVEM y Nueva Alianza, con el rechazo del resto de la oposición, que se declaró inconforme, y en el Senado, el trabajo en comisiones se atascó, al intentar PAN, PRD y PT abrir el proyecto a adiciones y cambios, con propuestas de la sociedad civil.

La noche de este miércoles, el presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN) dio entrada al tema, en un marco de confusión sobre el estatus del predictamen de la Ley General de Comunicación Social, dado que su contenido no fue discutido en comisiones unidas que se desgastaron en desacuerdos de procedimiento y no dieron consensos al proyecto que llegó de San Lázaro.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Aarón Pozos Lanz (PRI) dio cuenta al pleno de que "dado que no se logró un acuerdo que permitiera emitir un dictamen de consenso, hoy estamos discutiendo el texto normativo de la minuta enviada por la colegisladora de esta manera".

Dejó en claro que las comisiones unidas consideraron inaplazable cumplir con el mandato de expedir la ley en la que se establezcan con claridad las normas a que deberá sujetarse el Estado, a fin de asegurar que no se limite la libertad de expresión, que se garantice que el gasto de comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez".

Dijo que se observa que no se vulneren los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana informada.

Señaló Pozos Lanz que la ley "cuenta con los elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, además de que establece normas sobre el acceso a la información completa y acorde a la evolucion --dijo-- de las tecnologías, nuevas formas de difusión y dinámicas de consumo en materia de comunicación social".

La ley responde a las exigencias ciudadanas de asegurar el acceso a una información completa, oportuna y veraz; el senador Pozos agregó que, la norma que se somete a discusión, "prevé el manejo transparente de los recursos públicos".

Establece reglas para fiscalizar el gasto de comunicación social, en todos los poderes de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos bajo estricto apego a los principios de racionalidad, economía, transparencia y honradez.

Entre diversas disposiciones descritas por el presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que se establece un padrón Nacional de Medios de Comunicación, y que se deberán rendir informes desglosados sobre el gasto de publicidad que serán comunicados al Congreso de la Unión. Los recursos serán revisados por la Auditoría Superior de la Federación.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Froilán Esquinca Cano (PT), dijo al pleno que luego de los desacuerdos que hubo en comisiones, ""hoy nos encontramos con una oportunidad histórica de poder legislar de manera democrática".

Agregó que "lo ocurrido en las comisiones unidas es un reflejo de que las prácticas parlamentarias de este Congreso no aportan lo requerido por la sociedad . Nos encontramos ante una minuta que retoma únicamente el texto normativo de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados".

Pidió a sus compañeros legisladores cuidar que se cumpla lo ordenado por la Suprema Corte, en tiempo y forma, sin dejar de lado --señaló-- que el fondo de la ley debe garantizar la libertad de expresión y también el derecho a la información.

Se presentaron una moción suspensiva, de Martha Tagle Martínez, que pedía devolver el

proyecto a comisiones para su estudio y atender los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU en materia de Derechos Humanos, porque, señaló, se transgreden los derechos fundamentales, se vulnera la democracia, el derecho a la información y la pluralidad de la información.

Luego que 17 legisladores intervinieron a favor y en contra de la ley, ésta se votó en lo general a las 23:45 horas.

El debate

El senador Héctor Larios Córdova (PAN), en contra, dijo que se deberían de prohibir de manera expresa las campañas de logros, y expresó que los contribuyentes pagan impuestos para recibir obras, no para que el gobierno se los gaste presumiendo que es un buen gobierno.

Lamentó que la ley a debate tenga un capitulo de sanciones que no tiene sanciones, pero es muy enérgica en señalar que cualquier violación de cualquier artículo será sancionado.

Syvia Leticia Matínez Elizondo (PAN) afirmó que es necesaria la creación de un organismo con autonomía técnica y presupuestal, que administre los recursos destinados a este tema, con base en reglas claras y transparentes, como lo han recomendado organizaciones civiles, así como organismos internacionales. Señaló que se deben establecer sanciones para castigar a quien no se apegue a esta ley.

Luis Sánchez Jiménez (PRD) lamentó que la minuta no incorpora ningún planteamiento sustantivo de las diversas iniciativas sobre la materia, presentadas por los partidos políticos en la Cámara de origen", y tampoco se consideran las ocho iniciativas que se han presentado en el Senado, El hecho es que la minuta que se discute es copia del proyecto del PRI, PVEM y Nueva Alianza de la Cámara de Diputados, con adiciones y cambios mínimos. "Así no pueden construirse consensos", recordó.

Angélica de la Peña Gómez (PRD) dijo que con la ley a votación se legaliza lo que ocurrió durante años en el sistema de partido único, que consistió en un totalitarismo que limitaba la crítica, el pluralismo, la libertad de expresión y la libertad de manifestación de las ideas.

Remarcó que "esta minuta contiene un marco normativo que legitima el autoritarismo de antaño, atenta contra la libertad de expresión, pretende utilizar los recursos públicos para controlar la línea editorial de los medios sin rendir cuentas a nadie".

María Verónica Martínez Espinosa (PRI) al responder a objeciones de senadores, dijo que si la Auditoría Superior de la Federación advierte que existen ilícitos, ha a enviar el asunto a la Procuraduría General de la República, y ésta determinará si existen delitos que perseguir. En caso de infracciones de carácter administrativo, será la Secretaría de la Función Pública la que imponga las sanciones correspondientes.

Dijo que un voto a favor expresa "el compromiso con la transparencia, la libertad y el derecho a la información".

Guadalupe Flores Valdez (PRI) dijo que la ley establece mecanismos para que cada una de las instancias informe periódicamente los gastos que ejerce, y desde luego, "estamos a favor de que los ciudadanos conozcan cómo se ejercen sus impuestos y que tengan la certeza de que el dinero público será destinado a funciones del Estado y no a acciones publicitarias".

Señaló que la ley reglamentaria que discutieron "fiscaliza, regula y estructura los tiempos de la publicidad gubernamental, no sólo durante las elecciones, sino que lo hace a lo largo de toda la gestión; regula los tiempos destinados a comunicación por cada uno de los poderes y genera un padrón de proveedores".

Marco Antonio Blázquez (PT) previno que la Ley General de Comunicación Social es una legislación rebasada, porque los medios convencionales han perdido eficacia, como vehículo de propaganda", y aseguró que en la actualidad no sería necesario un presupuesto para este tipo de gasto, más cuando se cuenta con un sistema público de radiodifusión.

Calificó el debate y la ley a discusión como "muy trasnochados", e indicó: "Parece que estamos en 2000, en 1994, en materia de medios", cuando en la actualidad, una persona, desde su cuenta personal de Facebook, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, "paraliza con sus videos, y hace llegar lo que quiere, donde quiere, en el tiempo que quiere".

ml