Pruebas en contra de Cienfuegos, en manos de la FGR

Entre las pruebas que el gobierno estadounidense tiene contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, se encuentran miles de mensajes que lo implican con el narcotráfico y que, según lo informado por la Cancillería mexicana, ya están en poder de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ayer, la FGR y el Departamento de Justicia estadounidense dieron a conocer que luego de diversas conversaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos se tomó la decisión de retirar los cargos contra el exfuncionario para que la FGR pueda continuar la investigación y, eventualmente, se le juzgue conforme a las leyes nacionales.

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De acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, el pasado 30 de octubre el director General para América del Norte, Roberto Velasco, recibió un oficio del 29 de octubre emitido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) con un anexo de 742 páginas sobre la investigación contra Cienfuegos.

Dicho oficio fue enviado por Ebrard a la FGR para que, con los hechos ahí descritos, en los que se acusa a Cienfuegos de tener vínculos con el Cártel del H2, organización que derivó de lo que quedó de los Beltrán Leyva, la fiscalía determine lo que legalmente corresponda al caso.

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De acuerdo con la solicitud para detener a Cienfuegos, el fiscal estadounidense Seth D. DuCharme afirmó a la juez Carol Amon, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que cuenta con miles de comunicaciones de Blackberry que fueron intervenidas.

Entre las comunicaciones intervenidas supuestamente existen mensajes directos entre Cienfuegos y uno de los líderes del H2 sobre el apoyo que el extitular de la Sedena daba a la organización.

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Otras pruebas enviadas son los testimonios de diversos informantes de la fiscalía, quienes describieron cómo operaba el cártel y cuál era la participación de Salvador Cienfuegos en el mismo.

El canciller Marcelo Ebrard indicó que México argumentó que el general fue un secretario de Estado mexicano y que al supuestamente haber cometido delitos en territorio nacional, lo mejor es que enfrente la justicia en su país.

“Serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos a los que hace alusión la investigación de Estados Unidos se cometieron en territorio nacional, presumiblemente”, apuntó el titular de la SRE.