15 | SEP | 2019
Mazo de juez
Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Juez admite amparo promovido por la comunidad indígena "El Contadero"

28/01/2019
19:53
Diana Lastiri
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Van en contra del decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, publicada el pasado 4 de diciembre de 2018; los quejosos afirmaron que no se les convocó a participar en una consulta pública previa a la emisión del decreto

Un juez federal admitió a trámite el amparo promovido por la comunidad indígena de El Contadero en contra del decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, publicada el pasado 4 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

El acuerdo de admisión fue dictado el pasado 18 de enero por la Juez Decimo Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez, en el expediente de amparo por el cual la comunidad de El Contadero reclamó la eliminación de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En su demanda, los quejosos afirmaron que no se les convocó por el Congreso de la Unión ni por el Presidente de la República o la Secretaría de Gobernación a participar en una consulta pública previa a la emisión del decreto impugnado.

“El Estado Mexicano, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está obligados a consultar a los pueblos y comunidades indígenas mexicanos cada vez que prevea medidas legislativas y administrativas que sean susceptibles de afectarles a éstos; lo anterior, con el objeto de garantizar la participación de las personas indígenas en la toma de daciones relativas a cualquier medida estatal que afecte sus territorio indígena cultural”, explicó la comunidad a través de un comunicado.

“La supuesta ‘consulta’ que se realizo en el Poder Legislativo Federal fue de carácter regional, y no particular, y meramente informativa, abstracta y difusa, sin apegarse a los criterios previstos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo determinado en el Convenio 169 de la OIT”.

mpb

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