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Por unanimidad, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acataron la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que les ordenó ajustar el gasto atribuido a la campaña del candidato a gobernador Miguel Riquelme, de la coalición Por un Coahuila Seguro, quien de acuerdo con las nuevas cifras, sólo habría rebasado el tope de gasto de campaña en 1.61%.

Con este nuevo dictamen, Riquelme no excede 5% del total de rebase en los gastos de campaña, por lo que no cae en las causales de nulidad y en consecuencia no se repetiría la elección a gobernador en Coahuila, aunque aún hay impugnaciones por resolver.

En sesión extraordinaria, los consejeros electorales Pamela San Martín, Benito Nacif, Ciro Mirayama y el propio consejero presidente, Lorenzo Córdova, se quejaron de la sentencia del Tribunal Electoral y dijeron que en un Estado de derecho las sentencias se acatan, pero hay elementos como el nuevo prorrateo que ordenó el máximo tribunal electoral del país, que no comparten.

Afirmaron que esa “grieta” puede hundir la nave de cara al proceso federal de 2018.

Pulverización de gastos. Los consejeros detectaron que hubo “pulverización” de gastos de campaña, en los que candidatos se repartieron erogaciones y presentaron facturas que no pudieron comprobar, debido a que no se especificaba día ni hora en los que se contrataron los servicios.

“En un Estado de derecho las sentencias se acatan, como está ocurriendo y como va a ocurrir, pero en una democracia estoy convencido, como lo he dicho en muchas ocasiones en este espacio, las sentencias se discuten; ojalá que esta sentencia, así como los acuerdos que emita este Consejo General, sean discutidos ampliamente por la sociedad, por la opinión pública y por los estudiosos de la materia.

“La complejidad del proceso electoral al que nos adentramos y la consolidación de nuestro sistema democrático, estoy convencido, así lo amerita”, aseguró Córdova.

“Una medida que debe adoptarse es que se tenga una alerta en el análisis de cada contrato que va llegando durante la fiscalización y el reporte en tiempo real, para que en el momento en que un contrato avale o pretenda avalar la cobertura de campañas, que no pueden compartir gastos [los candidatos] y que son incompatibles, de inmediato se frene ello y se invalide todo ese reporte de gasto, porque de lo contrario podemos estar en el escenario que dice la consejera San Martín, que es dejando libre un camino para que el gasto sea pulverizado”, aseguró Murayama.

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