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La destitución del Jefe Delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, no es la primera que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mediante un conteo EL UNIVERSAL registró al menos cuatro funcionarios más que han sido destituidos por un mandato judicial emitido por el Máximo Tribunal.
En agosto de 2015, la Corte ordenó la destitución del Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, Carlos Eduardo Moreno Martínez Varela, por no cumplir con la sentencia de un amparo que ordenaba el pago de casi 4 millones de pesos a una empresa constructora que realizó obra pública en el Ayuntamiento .
Moreno Martínez Varela había sido investigado anteriormente por la Procuraduría General de la República junto con su antecesor Alberto Figueroa y la esposa de éste, por supuestos nexos con el crimen organizado.
En el mismo caso, los ministros ordenaron también la destitución de la Tesorera del municipio, Liliana García Ortega, a quien consideraron responsable de la falta de pago a la constructora que obtuvo el amparo.
En Mayo de 2015, por incumplir un amparo que en un año le fue notificado 19 veces, el presidente de la Quinta Junta Especial Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco fue destituido.
En el caso, se comprobó que el ex funcionario sólo dio pretextos para no dar cumplimiento al amparo otorgado a una trabajadora.
Para abril de 2012, el diputado local por el PAN y ex presidente de la Mesa Directiva de Jalisco, Gustavo Macías Salgado, desafió a la Corte incumpliendo uno de sus mandatos, razón por la que fue destituido.
Macías Salgado aspiraba a ser diputado federal y durante dos semanas de discusión el Pleno de la Suprema Corte resolvió removerlo del cargo porque en 2011 no suspendió la sesión del Congreso Local conforme lo ordenó el ministro Sergio Armando Valls Hernández en un juicio de Acción de Inconstitucionalidad en el que concedió una suspensión provisional.
Durante la sesión que no fue levantada, los diputados nombraron a cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Jalisco quienes también tuvieron que dejar sus puestos sin que por ello, sus fallos perdieran efectos.
La resolución de la Corte indicó que las acciones del Congreso Local fueron contrarias a lo establecido en la Ley de Amparo.
lsm
