Por la vía del fast track y con la dispensa de todos los trámites legislativos, hoy se someterá al pleno de la Cámara de Diputados la minuta del Senado que contiene la ampliación de dos años de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación () y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del ministro Arturo

La minuta fue recibida formalmente ayer en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y fue turnada a las comisiones de Justicia para dictamen, y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión; sin embargo, no habrá sesión de estos órganos legislativos y se debatirá, y, en su caso, aprobará en el pleno este mismo miércoles.

A propuesta de Morena, es decir, de Pablo Gómez y del coordinador de este grupo mayoritario, Ignacio Mier Velazco, se acordó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados llevar el tema al pleno, pese al voto en contra del PAN, PRI, PRD y MC.

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En entrevista, Mier Velazco describió que esta reforma, que tiene impacto en siete leyes y que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene que ser aprobada antes de que concluyan los seis meses de que fue publicada la reforma inicial.

Ese plazo vence el próximo 30 de abril y si se le diera espacio a las comisiones para circular el dictamen y llevar su proceso legislativo normal, “no daría tiempo”. De tal manera que, aseguró, “le vamos a obviar los trámites y lo vamos a estar subiendo al pleno el día de mañana [hoy]”.

Mier Velazco aceptó que en el interior de Morena tienen diferencia de criterios en esta minuta y están definiendo la posición que tendrán este miércoles como grupo parlamentario.

“No a las siete leyes que integran la Ley Orgánica, sino específicamente a lo que se refiere este transitorio, que es el que ha generado mayor polémica”.

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Adelantó que desde su punto de vista este artículo transitorio es legal, pues no significa una reelección, sino una ampliación de la presidencia del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para que garantice el cumplimiento de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Comentó que tuvo una conversación telefónica y muy rápida con el mismo Zaldívar Lelo de Larrea, y quedaron en ampliar puntos de vista antes de que se apruebe la minuta.

A su vez, el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo aseveró que esta y calificó el dictamen del Senado como “un albazo incitado en las entrañas de un grupo con intereses perversos al interior de nuestro movimiento”.

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En entrevista con el expresidente de la Cámara de Diputados aseguró que la propuesta que toca la presidencia de Zaldívar no tiene el apoyo de la mayoría de la bancada de Morena en San Lázaro y de los legis- ladores de oposición, por lo que “no pasará” y hay altas posibilidades de que no se cite al pleno, ya que lo mejor es que ni siquiera se discuta, “que es una salida más decorosa, a que pierda”.

Sin embargo, de acuerdo con versiones recabadas al interior de la Jucopo, los legisladores de la Cuarta Transformación afirmaron que hay un amplio consenso en todos los grupos parlamentarios sobre la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que lo único que ha generado polémica es la ampliación de la presidencia de Zaldívar Lelo de Larrea, por lo que dejarán que sea la votación en el pleno la que defina si pasa o no.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que todos están a favor de una reforma al Poder Judicial: “Es una institución que hay que consolidar, pero así no; son siete leyes y quieren obviarse todos los trámites de las siete leyes, y eso no beneficia a la Suprema Corte y por supuesto que tampoco al Poder Judicial”. Reiteró su petición a Zaldívar Lelo de Larrea para que se pronuncie, primero, por dignidad personal; segundo, por dignidad ética; tercero, por dignidad legal y, cuarto, por dignidad institucional.

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“No es posible en una ley secundaria prorrogar un mandato constitucional de persona alguna en este país”, dijo.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, llamó a los diputados de la mayoría a no renunciar a sus responsabilidades sólo para cumplir una instrucción presidencial y, por el contrario, a asumirlas para revisar exhaustivamente una reforma de tal trascendencia, con la independencia de un Poder del Estado.

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