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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias de las empresas y personas investigadas por lavado de dinero por órdenes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la sesión de la Primera Sala de la Corte, los ministros aprobaron con mayoría de cuatro votos la propuesta de Jorge Mario Pardo Rebolledo para amparar a Soluciones y Estrategias Wirken S.A. de C.V., contra la orden de congelar sus cuentas emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, por sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el fallo aprobado por los ministros se declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que obliga a las financieras a suspender cualquier operación bancaria con las empresas investigadas por Hacienda al considerar que esto viola el derecho de audiencia y de presunción de inocencia.

La intervención de cuentas se realiza tomando como base la “lista de personas bloqueadas” que emite la UIF, que conforme al artículo declarado inconstitucional, estaba facultada para designarlas de manera unilateral y sin previa notificación, pues el congelamiento opera de manera inmediata.

“El precepto vulnera la garantía de audiencia, pues quienes son afectados no cuentan con la posibilidad real de una defensa ante la autoridad que impone la medida de suspensión de los clientes o usuarios con respecto a los servicios y operaciones que les facilitan las instituciones de crédito”, indicó el ministro.

La lista es similar a la que emite la Oficina de Control y Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se incluyen narcotraficantes y prestanombres de organizaciones criminales dedicadas al terrorismo. La versión mexicana de la “lista negra” no es pública como la de Estados Unidos y fue creada en enero de 2014.

Desde entonces, cientos de personas físicas y morales han sido incluidas y, por consecuencia, sus cuentas fueron congeladas, como ocurre con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, luego de que EU los señaló en su propia “lista negra”.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández fue la única que emitió voto en contra del proyecto.

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