CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) reprobó la violencia que se registró ayer en el cruce fronterizo San Ysidro-Tijuana , cuando cuerpos de seguridad de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos e implementaron otras medidas contra los miembros de las caravanas migrantes que intentaban cruzar la frontera.

El organismo hizo un llamado al gobierno mexicano a fortalecer el diálogo con su contraparte estadounidense , para evitar que se presenten acciones como las de ayer, así como buscar opciones para que los migrantes puedan ejercer su derecho de asilo en la Unión Americana o ingresar de manera regular y pacífica a ese país.

Lamentó que cuerpos de seguridad fronteriza estadounidense hayan disparado gases lacrimógenos contra migrantes ubicado en territorio mexicano. Señaló que esa acción ocasionó lesiones a una adolescente que fue acompañada por la CNDH para su atención. Además, puso en riesgo a terceros ajenos a las caravanas migrantes que se encontraban en la zona, “incidente que tendrá que ser aclarado por las vías conducentes y prevenido en lo sucesivo”.

La CNDH reiteró la necesidad de que los integrantes de las diversas caravanas que cruzan México se conduzcan con respeto a las leyes mexicanas y se abstengan de ocasionar afectaciones o incurrir en conductas indebidas en las distintas comunidades por las que pasen o en las que se encuentren.

“Es importante precisar que el hecho de que el Estado mexicano actúe para proteger sus derechos, en cumplimiento a diversos compromisos internacionales que se han asumido, y se adopten medidas de atención considerando la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, no implica un salvoconducto para infringir las leyes o causar afectaciones a personas y comunidades, por lo que cualquier persona que cometa una falta administrativa o delito deberá, en su caso, ser sancionada o procesada conforme a derecho”, enfatizó.

El organismo mencionó que continuará acompañando a las caravanas migrantes para constatar que, de conformidad con los compromisos asumidos por el Estado mexicano, las autoridades federales, estatales y municipales realicen sus actividades con pleno respeto a los derechos y dignidad de las personas en contexto de migración, a la vez que preserven y garanticen los derechos humanos de las personas y comunidades por donde transiten o se encuentran dichas movilizaciones.

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