Para crear un registro obligatorio de los centros particulares de rehabilitación para personas con y con ello garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios y sus familiares, el Partido Verde en la propuso reformar la Ley General de Salud.

En su propuesta, el diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez mencionó que dichos centros, mejor conocidos como anexos o granjas, no cuentan en su mayoría con un protocolo de manejo y atención bien definido, y casi siempre son dirigidos y atendidos por adictos rehabilitados, que no tienen capacitación legal, psicológica ni médica para llevar a cabo estas actividades.

Resaltó que de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), en México existen unos dos mil 200 centros de atención residencial, pero mil 800 (81.8%), lo hacen sin ninguna regulación, pese a la existencia de las normas oficiales que establecen lineamientos para atender a personas adictas a sustancias.

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Esta situación, dijo, provoca que, la mayoría de las veces, los internos reciban tratos inhumanos y humillantes, en condiciones de presión, privados de su libertad y con poca sanidad.

Dijo que la iniciativa, pretende que cualquier centro de rehabilitación que no pertenezca al sistema nacional de salud, tenga la obligación de registrarse y tramitar una cédula de cumplimiento de los requisitos básicos de manejo y protocolos sanitarios, de atención, seguridad y operativos para el sitio.

Además, deberá tramitar ante Protección Civil de su entidad, un dictamen de seguridad y contratar, por lo menos, a una persona correspondiente a personal médico para la atención de los usuarios.

El legislador pevemista comentó que “los anexos o granjas, al operar fuera de la ley, no reportan sus actividades ni resultados a nadie, trabajan bajo la informalidad, un día pueden cerrar un centro y al día siguiente abrir otro en otro lugar, sin mostrar responsabilidad con las personas que tienen a su cargo.”

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Por ello, insistió en la necesidad de establecer, de forma clara, el registro obligatorio de estos lugares, así como de llevar a cabo procesos de verificación y supervisión de manera constante de las instalaciones, y así salvaguardar la integridad física y emocional de los usuarios, además de desincentivar actividades fuera de la ley.

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