Desde el inicio de la presente administración, más de 68 mil migrantes que solicitaron asilo en la Unión Americana fueron enviados a México a esperar la resolución de sus casos en las cortes estadounidenses; sin embargo, mientras permanecen en territorio nacional sus vidas se encuentran en peligro.

De acuerdo con el informe En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México, la pandemia agudizó los riesgos de los migrantes de convertirse en víctimas de la inseguridad, a padecer falta de acceso a servicios de salud y empleo, secuestros, extorsiones, desaparición forzada y homicidios.

El reporte señala que, actualmente, se desconoce cuántos migrantes bajo el programa Quédate en México han sido atendidos por Covid-19, cuántas pruebas PCR se han realizado o qué medidas implementaron los gobiernos federal y estatales para prevenir contagios en las estaciones migratorias.

“El permanente estado de vulnerabilidad —que constituye una crisis humanitaria— en el que se encuentran las personas sujetas a este programa contribuye a violaciones de sus derechos humanos, siendo un escenario de especial riesgo para las personas de grupos en vulnerabilidad social”, señala el documento.

Agrega que, al aceptar la implementación del programa Quédate en México, el gobiernomexicano admitió “políticas de crueldad” desplegadas por la administración de presidente Donald Trump, ya que el plan también incluye a personas en especial situación de vulnerabilidad, tales como mujeres embarazadas, gente con condiciones médicas graves, personas indígenas no hispanohablantes y otras, quienes no reciben protección a su integridad y vida mientras esperan en zonas de alto riesgo en México, y en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El documento, elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señala que México aceptó mantener a los migrantes en los estados fronterizos con la justificación de que se trató de una respuesta humanitaria.

Como parte de esto, el gobierno federal se comprometió a otorgar permisos de estancia, oportunidades laborales, acceso a la salud y educación; sin embargo, a dos años de este convenio, los riesgos permanecen y se han magnificado por la pandemia de coronavirus.

“El gobierno federal de México, que ha otorgado funciones de control migratorio a la Guardia Nacional —compuesta mayoritariamente por militares— por encima de las que —por ley— sólo competen al Instituto Nacional de Migración, ha militarizado las fronteras mexicanas y los elementos de la Guardia Nacional han hecho uso desproporcionado de la fuerza para imposibilitar el ingreso de personas migrantes por la frontera sur mexicana.

“El despliegue militar se ha incrementado debido a la ejecución del plan DN-III-E como estrategia de contención del Covid-19, y que establece la movilización de más de 250 mil elementos del Ejército, la Marina Armada y la Fuerza Aérea mexicana”, señala.

El informe advierte que el contexto militarizado se traduce en medidas represivas, peligros de contagio, muerte y mayor limitación de los derechos humanos de los migrantes.

Debido a la pandemia de Covid-19, las audiencias ante las cortes migratorias fueron suspendidas por tiempo, lo que ha extendido de manera indefinida las situaciones de riesgo que viven los migrantes que están “varados” en México.

Por ello, el informe enlista una serie de recomendaciones que incluyen la creación de un sistema de gestión de la migración en el que México no dependa de las decisiones de Estados Unidos, con base en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, migrantes y personas refugiadas.

Sugiere la derogación del acuerdo migratorio entre México y la Unión Americana para que el programa Quédate en México no se aplique más por generar “condiciones que atentan contra la vida y dignidad de las personas migrantes y solicitantes de asilo”.

Asimismo, aconseja la implementación de medidas para evitar contagios de Covid-19 entre migrantes, tales como el acceso a los centros de salud y a los medicamentos que requieran, la consolidación de un sistema de acogida integral, protección temporal e integración de las personas solicitantes de asilo, entre otras.

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