La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y Educación con Rumbo reconocieron como un avance la restricción del uso de celulares en las escuelas, pero advirtieron que la medida será insuficiente si no se establecen reglas claras para aplicarla, se escucha a las familias y se acompaña con capacitación, materiales y programas de educación digital.
Ambas organizaciones se pronunciaron sobre el Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre y establece criterios para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales en escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.
La UNPF señaló que la consulta realizada para elaborar el acuerdo se concentró en docentes y foros técnicos, mientras que las madres y padres de familia quedaron al margen de la definición del problema y de las medidas para atenderlo.

“Esta ausencia debilita la legitimidad social de la medida y limita su eficacia real”, sostuvo la organización encabezada por Israel Sánchez Martínez.
El acuerdo concede a las entidades federativas un plazo de 180 días para armonizar sus disposiciones. Sin embargo, la UNPF consideró que retirar los celulares de las aulas no resolverá por sí solo los problemas de atención, memoria, creatividad, convivencia y aprendizaje señalados por los docentes.
La organización pidió definir las responsabilidades de las autoridades, las escuelas, los maestros y las familias, además de establecer espacios permanentes de diálogo entre los planteles y los hogares para acordar horarios, límites al uso de pantallas y restricciones para acceder a redes sociales.
También solicitó una ruta pedagógica con programas, contenidos y libros de texto que contribuya a mejorar los resultados en lectura, escritura y matemáticas, así como equipos para docentes y alumnos, capacitación y materiales educativos.
Educación con Rumbo destacó que el acuerdo tomó en cuenta una consulta de la SEP a 565 mil 396 figuras educativas. De ellas, 79.7% reportó dificultades para mantener la atención de los estudiantes y 78.1% relacionó ese problema con el uso de dispositivos digitales.
Además, 81.2% respaldó el establecimiento de medidas para atender el uso de celulares en las escuelas; 95.7% se pronunció a favor de fijar una edad mínima para acceder a redes sociales y 88.8% estuvo de acuerdo con limitar los dispositivos durante la jornada escolar.
En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se restringirá su uso durante toda la jornada, salvo cuando tengan fines pedagógicos previamente programados o sean necesarios por emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión.
En educación media superior, cada institución deberá elaborar sus reglas mediante el diálogo con su comunidad. En educación superior se respetará la autonomía de las instituciones y se promoverá el uso responsable y seguro de la tecnología.
Además, pidió aclarar qué deberá hacer cada escuela para cumplir con la estrategia, qué dispositivos podrán utilizarse con fines educativos y bajo qué condiciones. También cuestionó cómo se impartirá educación digital en planteles que todavía carecen de conectividad.
Señaló que la formación de los estudiantes requiere contenidos definidos, materiales accesibles y capacitación para docentes y familias, además de medidas distintas de acuerdo con la edad de los alumnos.
“El verdadero éxito de esta política no estará en cuántos celulares permanezcan guardados durante la jornada escolar. Estará en si logramos mejores condiciones para aprender, convivir y, al mismo tiempo, formar a una generación capaz de utilizar la tecnología con criterio, responsabilidad, seguridad y sentido ético”, afirmó Educación con Rumbo.
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