Guardia, un riesgo para el país, dice Amnistía

Amnistía Internacional consideró que la creación de la Guardia Nacional, una propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador para combatir la violencia y la inseguridad, es “una estrategia muy semejante” a las de gobiernos anteriores y constituye un riesgo para los derechos humanos.

Según el reporte La Guardia Nacional del presidente López Obrador: Cinco realidades que hay que saber, hecho público por la organización este viernes, esa iniciativa “representa una amenaza para la seguridad y los derechos humanos de las personas en México”.

La organización señaló que el gobierno mexicano ha dicho que su modelo de seguridad será “radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores”, pero “en lo propuesto queda claro que usaría una estrategia muy semejante a gobiernos anteriores”, en referencia a la estrategia implementada por los hoy ex presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Recordó que la creación de la Guardia es “uno de los puntos centrales de la estrategia de seguridad propuesta por López Obrador, y estará conformada, en el corto plazo, por entre 50 mil y 60 mil agentes de las policías Militar, Naval y Federal.

El reporte destacó que la propuesta prevé una iniciativa de reforma a la Constitución mexicana, actualmente en trámite en el Congreso, y recordó que López Obrador anunció que la idea de la Guardia Nacional se someterá a consulta pública el 21 de marzo de 2019.

Dentro de las cinco realidades que Amnistía Internacional apuntó, la primera es que el modelo de la Guardia Nacional y el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 “es muy semejante a sexenios anteriores, sólo que con otro nombre”.

El nuevo gobierno subraya que “el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 plantea que ‘es necesario abandonar (…) el uso de la fuerza como estrategia’”.

Indica que para intentar respaldar la idea de que la actual administración no seguirá el esquema militarizado de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha argumentado que “la Policía Militar tiene otro chip. No son soldados, sino policías”.

La Policía Militar, si bien empezó sus funciones hace décadas con el encargo de proporcionar seguridad a instalaciones militares y mantener el orden y la disciplina en su interior, ha ido cambiando sus funciones y presencia, resalta.

Según el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, el mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército mexicano y de la Armada de México, en el caso de las zonas costeras.

La segunda realidad es que existe “amplia evidencia de que el despliegue de las Fuerzas Armadas ha sido acompañado con un aumento de violaciones de derechos humanos y tasas de violencia.

“La letalidad de las Fuerzas Armadas afecta vidas humanas. Por ejemplo, el 19 de marzo de 2010, Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, fueron asesinados a manos de integrantes del Ejército dentro del campus Monterrey”.

La Sedena afirmó que eran delincuentes y que habían atacado a los militares; sin embargo, más tarde se comprobó que eran estudiantes y que no habían atacado ni representaban ningún riesgo para los militares.

Mientras que la tercera es que “son diversas las denuncias y las quejas por violaciones de derechos humanos en contra de la Policía Militar, además de haberse comprobado su responsabilidad directa en casos infames”.

Recuerda que en septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a elementos de la Policía Militar adscritos al 17 Batallón de la Policía Militar, en el estado de Puebla, por los hechos que resultaron en la ejecución de dos personas en Palmarito Tochapan.

“Esta ejecución fue grabada en un video que se hizo público, mismo que Amnistía Internacional analizó, verificó y comentó en su momento, como muestra de la deficiente y violenta estrategia federal de seguridad”.

La cuarta señala que aunque el plan de López Obrador dice que la nueva corporación “tendrá una formación distinta, no hay certeza de que el entrenamiento de la Guardia Nacional será diferente al que ya han tenido militares antes; [en años previos] han tenido miles de capacitaciones en derechos humanos, pero esto no ha mejorado la seguridad de las personas”.

Mientras que el quinto y último punto que abordan señala que, según una encuesta nacional, el Ejército y la Marina “cometen más actos de tortura y otros malos tratos durante arrestos que la Policía Federal y, en general, las Fuerzas Armadas no están entrenadas para proteger a la población”.

López Obrador expresó el 2 de diciembre su confianza en que las Fuerzas Armadas mexicanas ayudaran a combatir el problema de inseguridad y violencia que aqueja a este país.

De acuerdo con la propuesta de López Obrador, la Guardia Nacional podría estar integrada por 30 mil elementos de la Policía Militar, 10 mil de la Naval y 20 mil de la Federal, aunque para su creación todavía se tiene que reformar la Constitución.

El Ejército patrulla las calles desde el mandato de Calderón, en una estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado que fue continuada por Peña Nieto y que ha dejado más de 200 mil muertos y unos 38 mil desaparecidos.