El 15 de septiembre de 2008 la fiesta por la Independencia de México se convirtió en un baño de sangre en Morelia, Michoacán. En esa ocasión un par de granadas explotaron en el zócalo de la ciudad y el saldo fue de 10 personas muertas y más de 100 lesionadas.

Aunque ya han pasado casi 12 años del acontecimiento, las autoridades federales y estatales han sido incapaces de brindar una explicación lógica del ataque y tampoco han logrado la detención y sentencia de los responsables.

Tres personas señaladas en 2015 por el crimen fueron absueltas por un juez, pues se comprobó que los sospechosos habían sido torturados y que habían fabricado pruebas para encarcelarlos.

Las personas liberadas son Alfredo Rosas Elicea, quien era trabajador de la construcción; Julio César Mondragón, ingeniero civil, y Juan Carlos Castro, mecánico.

Luego de la liberación de esas personas, a quienes se les señaló por presuntamente formar parte del grupo criminal Los Zetas, el caso quedó en el olvido desde un punto de vista judicial y las víctimas del ataque han reclamado que no han obtenido una reparación del daño.

Raúl Espinoza de los Monteros, abogado de uno de los tres sujetos procesados, dijo en 2017 a Carlos Arrieta, corresponsal de EL UNIVERSAL en Michoacán, que aunque había un video donde se observa a la policía detener a los verdaderos implicados en el ataque, los elementos de seguridad los dejaron en libertad.

En ese momento el abogado responsabilizó a un general de nombre Mario Arturo Acosta Chaparro, junto con La Familia Michoacana (otra organización delicitiva) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de haber fabricado la detención de los tres hombres que al final fueron liberados.

Todo esto ocurrió en medio de la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa unos días después de haber tomado el poder. A partir de ese momento Michoacán se convirtió en uno de los principales escenarios donde se vivió la lucha entre cárteles y autoridades.

La herida

Si bien ya ha pasado más de una década del granadazo, la herida sigue abierta. Muestra de esto es lo ocurrido en 2019, cuando en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista se suspendieron las fiestas patrias por temor a ser blanco de un nuevo ataque. Redacción

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