FGR: contra impunidad, reformas penales

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que las reformas en materia judicial penal buscarán atender los factores de inseguridad, corrupción e impunidad, así como la prevención del delito.

Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, el fiscal general adelantó ante senadores, encabezados por su presidenta Mónica Fernández Balboa, detalles del paquete de las iniciativas que estarán listas el próximo 1 de febrero para iniciar el proceso legislativo.

En el encuentro, realizado en el Senado de la República, se esperaba que las nueve iniciativas fueran entregadas a este cuerpo legislativo, pero Gertz Manero señaló:

“Vamos a seguir trabajando para que el día 1 de febrero, yo pueda, si ustedes lo permiten, ya tener una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento, y que si ustedes lo ven así ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy, muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos”.

Así, entre las normas a modificar están 14 artículos de la Constitución, al Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Amparo, Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

También se prevé la emisión de dos nuevos ordenamientos: la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y el Código Penal Nacional, que pretenden prevenir el delito y homologarlo en todo el país.

Entre los puntos destacados del paquete, el fiscal Gertz Manero detalló los de cuatro legislaciones, como la Ley de Justicia Cívica, que busca prevenir la violencia y la comisión de delitos con penas de ayuda comunitaria.

Gertz explicó que las sanciones civiles pretenden generar sentido de responsabilidad para con la comunidad y evitar la sobrepoblación en los centros de reinserción social, imponiendo advertencias para prevenir los ilícitos.

“Porque, si no, nos pasa que los que se roban un país pueden andar en la calle y los que se roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel. Eso es verdaderamente lo más perverso que puede ocurrir y eso es lo que nos pasa en este país”, dijo.

Sobre la homologación del Código Nacional Penal, el fiscal aclaró que los estados tendrán la libertad de añadir o eliminar delitos, de acuerdo con la cultura de cada región, pero garantizará un proceso justo a cada imputado y la justicia a la víctima.

Además, criticó de “una ofensa incalificable” que la víctima no pueda presentarse directamente ante un juez y dependa de las acciones del Ministerio Público o de que la policía presente los requisitos necesarios para detener a un sospechoso.

“Que el Ministerio Público sea auxiliar del que lo necesite, que el Ministerio Público actúe como lo manden los jueces, que el Ministerio Público defienda los intereses de la nación, pero que los particulares podamos ir ante los jueces a defendernos, eso es fundamental”, señaló.

Gertz Manero también detalló que la Ley Nacional de Ejecución Penal pretende “poner lógica en el sistema de readaptación social” y crear un sistema de “cárceles abiertas”, donde los que delincan por primera vez “no se conviertan en alumnos de las escuelas del crimen.

“Cárceles abiertas; bajo control, pero abiertas. Y todos los reincidentes, todos, tienen que ir a la cárcel y las prisiones tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de autocapacitación para que realmente ahí se preparen”, dijo.

Concluyó con la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que pretende atender los delitos cometidos por éstos, quienes, dijo, tienen conciencia de sus acciones y una responsabilidad para con la comunidad afectada.

“Está creciendo el número de niños y adolescentes dedicados al delito; tenemos que hacer algo para detenerlo. Tiene que haber una visión muy clara para ellos, para sus padres y para el Estado de que aquél que entiende se le sanciona y aquél que tiene la patria potestad o la guardia y custodia tiene responsabilidades, y el Estado tiene que reparar el daño”, indicó.

Fernández Balboa anotó que las reformas a por lo menos nueve ordenamientos serán una respuesta “fundamental, compleja e integral a una sociedad que está cansada e indignada por los problemas de inseguridad a lo largo de más de una década”.

La secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que para el gobierno federal “es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia”.