Washington.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes sanciones contra dos casinos y tres personas, entre ellas un activista de derechos humanos, por presuntamente brindar apoyo a las actividades delictivas del Cártel del Noreste (CDN), un grupo criminal que opera en la frontera entre México y Texas, y fue designado el año pasado como organización terrorista por el gobierno del presidente Donald Trump.
Washington ha endurecido el cerco contra el Cártel del Noreste —heredero de los antiguos Zetas— que es señalado de traficar armas, drogas y personas, y se caracteriza por sus prácticas sanguinarias y de extorsión.
Entre las empresas sancionadas está Casino Centenario, que funciona en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y que opera la Comercializadora y Arrendadora de México, S.A de C.V (CAMSA), que también fue sancionada.

Según las autoridades estadounidenses, el Casino Centenario funcionaría como presunto centro de almacenamiento de drogas y mecanismo para lavar dinero mediante actividades de juego. Además, las trastiendas del Casino Centenario, siempre según el Departamento del Tesoro, son utilizadas por el cártel para “torturar e intimidar” a los enemigos.
El Tesoro también sancionó a Diamante Casino —también es propiedad de CAMSA—, que tiene su sede en Tampico y maneja una página de apuestas en línea.
Los tres sancionados, cuyos bienes y propiedades quedaron congelados, son: Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, identificado como presunto responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo y enlace en el cruce de migrantes hacia Texas; el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado de prestar supuestos servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste y defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40 y quien se encuentra detenido en EU, tras ser entregado por el gobierno mexicano y el activista Jesús Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
A mediados de 2023, tanto Ramos como varios medios de comunicación de México y el diario The New York Times reportaron que el Ejército Mexicano —durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)— usó el software israelí Pegasus para espiar a Ramos y a reporteros locales que investigaban denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, en su comunicado, el Departamento del Tesoro afirmó que Ramos es un “socio del CDN que encabeza una campaña de desinformación contra las autoridades mexicanas mientras se hace pasar por activista de derechos humanos”.
Según la institución, Ramos defiende “exclusivamente a los miembros violentos del cártel, presentando denuncias falsas contra el Ejército Mexicano, pagando a personas que asistan a protestas y protegiendo la reputación de los miembros del CDN caídos o detenidos”.
EL UNIVERSAL buscó a los señalados por el Tesoro estadounidense, sin obtener respuesta.
De manera simultánea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México señaló en un comunicado que, tras un análisis financiero, fiscal y corporativo, se identificó la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales “relevantes” hacia diversas jurisdicciones, “incluidas algunas de riesgo”.
La UIF detalló que detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo “que no corresponden con la actividad económica declarada”.
Asimismo, dijo que identificó patrones en el sector de juegos y sorteos, “presuntamente utilizados para el lavado de activos”.
Asimismo, dijo que, de forma complementaria, compartió información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de los establecimientos identificados.
No obstante, Casino Centenario seguía operando con normalidad. El inmueble es uno de los más concurridos en la frontera tamaulipeca.
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